El hecho ocurre un mes antes de que se vote la posibilidad sustituir la constitución aún vigente del periodo de Pinochet, finalizado hace ya 30 años (1990). Como resultado de la vigencia de esa constitución, el pueblo chileno experimentó una brutalidad sin precedentes el año pasado, pero sobre todo una inmunidad total de aquellos que ejercieron tanta violencia desmedida. Desde octubre pasado 2019, se registraron 8.575 presuntas violaciones por parte de los Carabineros chilenos en la represión de las protestas, incluyendo torturas y desigualdad desenfrenada y una serie de injusticias sistémicas. La consiguiente represión policial ha sido condenada internacionalmente. Sin embargo solo 16 policías han sido destituidos. Sin duda, un resultado atroz de esa represión desmedida fue la pérdida de visión causada por el uso de perdigones contra los y las manifestantes, que elevan a más de 352 las víctimas parciales o totales. Una verdadera pandemia de origen estatal.
El caso, ocurre un año después (7 Octubre 2019) de que la policía de Ecuador hiciera lo propio con tres manifestantes indígenas contra el gobierno de Lenín Moreno. Uno murió. Lo que nos demuestra que estos hechos son sistémicos y globales. De hecho, ahora se recrudece con la pandemia, pues se ha extendido en el Planeta la presunta necesidad de imponer la ley mediante la policía, y estos han cobrado nueva presencia en nuestras calles. Desde el 1º día, se denunciaron actitudes irrespetuosas y muchas inaceptables, que suponían un abuso de autoridad. Esta actitud hay que añadirla a medidas como la reclusión y normas que se adoptaban. Y también a una difícil situación social en la que para muchas familias y personas, los nuevos condicionantes afectaban seriamente sus condiciones de vida, pero en las que se restringían también los derechos de protesta. Todas esas limitaciones se recrudecen en las comunidades del Sur Global, y sobre todo en aquellas de pocos recursos económicos.
Sin duda, un detonante a nivel global fue el asesinato de George Floyd en Minneapolis (EEUU) el 25 de mayo. Si bien las protestas se centraron en la procedencia y etnicidad de la víctima, desde el movimiento Black Lives Matter, el hecho en sí de morir como resultado de la violencia gratuita de un agente estuvo en la base de las posteriores protestas que recorrieron el mundo. Como decimos, estas se centraron en el racismo del sistema y las instituciones, en el racismo en que se basó el colonialismo, pero también en la violencia de la policía y del estado para imponer, entre otras, esas desigualdades.
De hecho, como en el caso de ayer del joven arrojado por un puente y su réplica ecuatoriana, en este caso también la réplica ocurriría un mes después en Sao Paolo (Brasil), luego en Bogotá, y ahora en Vallekas, sin que tengamos que lamentar víctima mortal en este último caso. Parece que imágenes que dan la vuelta al mundo por su improcedencia, por su rechazo social, que además tiene como resultados crisis políticas y sociales como las vividas en EEUU, lejos de resultar disuasorias parecen provocar una atracción en los matones (*). Así fueron asesinados también Gabriel Nunes de Sousa en Brasil y el abogado Javier Ordóñez en Colombia.
El joven negro Gabriel Nunes de Sousa, de 19 años, fue asesinado el 21 de junio por la policía por estrangulamiento, primero con el conocido en Brasil como mata-leones y luego con la rodilla sobre su cuello durante casi un minuto, en Carapicuíba (Brasil). Había sido detenido porque no pudo frenar su moto y chocó contra un coche.
El abogado Javier Ordoñez fue asesinado por la policía en Bogotá (Colombia) el 8 de septiembre, tras ser detenido por beber en la calle sin ponerse la mascarilla. Si bien la razón final fue una paliza en comisaría, a Ordóñez en su detención un policía le redujo con su pierna sobre su cuello. También le agredieron y lo torturaron con pistolas taser. Como en el caso de George Floyd, su muerte fue también grabada y se difundió convirtiéndose en viral. La importancia de que haya registros es tan importante para desenmascarar la brutalidad y sus perpetradores que en Brasil, pese a no estar prohibido fotografiar ni filmar las acciones policiales, la policía lo impide.
Parece que en algunos países ignoran las consecuencias económicas y demás de estos hechos: si en Minneapolis ardió la comisaría central el 28 de mayo, como resultado del asesinato de Ordóñez ardían en Colombia también, pero en este caso las autoridades elevaban a 95 las comisarías quemadas o vandalizadas.
Teniendo en cuenta el nivel represivo de Colombia con los asesinatos políticos y otros tipos de violencia ocurriendo a diario, y más en los últimos días, este hecho tiene significativa relevancia. Por un lado denota el hastío por esa violencia que provoca que la gente finalmente salga a la calle a exigir justicia, y por otra, como son entendidas las fuerzas de (in)seguridad. Obviamente, la reacción policial, sabidos sus procederes, fue también brutal con 11 muertos contabilizados.
Brasil es otro país en el que las muertes a manos de la policía están muy arraigadas (entre 2008 y 2013, más de 11.000 muertos), ligadas a la situación social, a la marginación, la pobreza, y ésta a su vez a la cuestión étnica y la procedencia social. A esa situación hay que unir la inmunidad y facilidad que añadió la pandemia con el confinamiento, y la presencia en el gobierno de Bolsonaro, que entre otras cosas fue elegido por su promesa de “Tolerancia 0” con los criminales (igual que ahora también Trump elogió en su campaña electoral a los Proud Boys, supremacistas blancos que defienden la violencia). En los tres primeros meses de mandato de Bolsonaro, se contabilizaron cinco muertos por día. Sólo en Río de Janeiro la policía mató a 434 personas en esos tres meses. Bolsonaro también excluyó publicar los datos sobre la violencia policial, pero el Ministerio Público Federal obligó su publicación trascendiendo que fueron 1.486 denuncias de violencia policial en 2019.
Coincidiendo con las protestas anti-raciales internacionales replicadas en Brasil, en junio también se dio una escalada de la violencia policial contra los negros en las periferias. En São Paulo, entre enero y abril creció la fatalidad policial un 31%. En abril, en plena cuarentena se reportaron 119 muertes a manos de la policía (fueron 78 en 2019). El más emblemático fue el caso del niño negro de 15 años Guilherme Silva Guedes, desaparecido y encontrado muerto después. Un adolescente negro de 16 años también fue atacado con patadas en el vientre y puñetazos por un policía militar en Bahía por llevar un pelo afro. En mayo en Río la policía asesinó tras torturarle a Iago César dos Reis Gonzaga, de 21 años, en la favela de Acari, y en Cidade de Deus balearon a João Vítor da Rocha de 18. Se tiene constancia de 58 casos de violencia o tortura por parte de agentes de policía desde principios de año, siendo un 68% de las víctimas negras y procedentes de barrios periféricos. Según el Anuario de la Violencia del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 75% de las víctimas de la letalidad policial son negras, declarándose como negros un 56% de la población. Pese a ello, el hijo de Bolsonaro afirma que “no hay casos como el de [George] Floyd aquí».
Pero tristemente no fue el único caso. En la brutal represión policial de una concentración en Vallekas (Madrid), uno de los policías utilizaba la misma fórmula que provocó la muerte a George Floyd. Pero tampoco fue la única modalidad: porrazos en cabezas por detrás, cascazos y rodillazos contra las caras de manifestantes indefensos, patadas en el suelo… un verdadero despropósito. Cuatro detenidos. Pero atención, que el porqué de la concentración y la consecuente represión está relacionado con el tema que nos ocupa, que no era otro que protestar ante un Centro de Salud por la sanidad pública y contra la “segregación a la que se somete a los barrios obreros para todo menos para ir a producir riqueza”, como plantea Red Roja en su comunicado. Continúan: “una buena muestra de cómo tiene previsto el Gobierno estatal enfrentar esta nueva escalada de la pandemia y la hecatombe social que se avecina”.
Porque no nos olvidemos tampoco de con qué gobierno tiene lugar esta represión. Ni tampoco que si la Ley Mordaza fue introducida por el anterior gobierno del PP, pese a promesas electoralistas, el PSOE la mantiene, e incluso echó mano de ella en la nueva situación del Covid 19, en aplicación a faltas de respeto a agentes en su regulación del confinamiento. Como en el caso, sabemos que la Ley Mordaza será usada para obstaculizar cualquier protesta, y que con la crisis del Covid 19, éstas se multiplicarán, por lo que les será de gran utilidad.
Similar situación es la que, como ya denunciamos en A Planeta, ocurre en Australia donde desde 1991 ya han perecido en detención policial 434 aborígenes, siendo una más de las denuncias de este pueblo contra el genocidio que han sufrido desde la colonización y que todavía perdura. En su caso todavía más evidente la discriminación, porque los pueblos aborígenes, con 798.365 personas, tan sólo contabilizan por 3.3% de la población australiana (datos de 2016).
Sudáfrica es otro de los países lidiando con un racismo sistémico, que tras años después del fin del apartheid en 1994, parece continuar latente. Pero ahora se da la contradicción de que la fuerza policial está configurada mayoritariamente por negros, y abusa de una ciudadanía mayoritariamente negra. Entre 2012 y 2019, se presentaron 80 denuncias de brutalidad policial, correspondiendo 10 de ellas a muertes. Cada día muere una persona a manos de la policía en Sudáfrica.
El racismo es patente en el actuar, en la violencia de la policía. De las muertes protagonizadas por la policía, la de Nathaniel Julies “Lockies” en el ghetto de Eldorado Park, el 26 de agosto, fue la que detonó protestas y barricadas. Julies era negro, tenía 16 años y era síndrome de Down. La Dirección Independiente de Investigación Policial (IPID) sudafricana investigó asesinatos de decenas de niños en manos de la policía desde 2012, concluyendo que casi ninguno de estos casos recibió condenas.
EEUU: mucho más que George Floyd!
Pero si pensamos que la muerte de Floyd fue un caso aislado estamos equivocadas. En los tres meses siguientes a su muerte, del 26 de mayo al 31 de agosto, el Washington Post contabilizó a 288 personas asesinadas en manos de la policía de los EE.UU. En todo lo que va de año la cifra es trágica, siendo según 826 las personas asesinadas en manos de la policía de EEUU en 2020. Una verdadera pandemia. En el caso de Floyd la razón para las protestas fue lo brutal de su muerte y que hubo imágenes. Y sin duda, el hecho de ser afrodescendiente, porque contabilizando el 13,4% de la población de los Estados Unidos, los y las afrodescendientes suman el 20% de las personas asesinadas por la policía, por lo que la discriminación es patente. Tienen 3 veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los eurodescendientes. Nuevamente, la inmunidad de la policía ante semejante genocidio es insultante para la población, ya que de los asesinatos cometidos por la policía entre 2013 y 2020 el 98.3% no conllevó ninguna pena para los infractores.
En este sentido, nos encontramos con que ya no es sólo la violencia desmedida de la policía contra la población (o sectores de ella) sino también del estamento judicial, que la ampara y legitima. Como en el caso de Chile. O como en el caso de Brasil, del propio gobierno, del sector político que la alienta. En ese sentido, el 23 de septiembre el jurado absolvió a los oficiales encausados por el asesinato a tiros de la trabajadora médica negra Breonna Taylor el 13 de marzo en Louisville (EEUU). El caso suscitó grandes manifestaciones en la primavera y el verano, y nuevamente ahora con esta decisión, alargándose por más de tres días.
A estas injusticias ahora hay que añadir la de la persecución de los manifestantes de estos meses contra la brutalidad racista policial. Muchos activistas, nuevamente la mayoría de ellos afrodescendientes, se enfrentan a ridículos acusaciones criminales como «incitar a un motín» o incluso «intento de terrorismo» por cosas que ni siquiera han implicado daños a la propiedad, por el mero hecho de organizarse y protestar en distintas ciudades.
Como otro caso de racismo institucional está la continuada huelga de hambre de Dannielle Brown, hoy en su día 94 (5 de octubre) una mujer afrodescendiente cuyo hijo murió desde una ventana de la universidad de Pittsburgh, y que demanda clarificación de su muerte.
En este contexto, y a la luz de las protestas y disturbios que ocasionó el asesinato de Floyd, recordamos también que el propio ayuntamiento de Minneapolis planteó el disolver la policía, con la votación de nueve de los miembros del Consejo de la Ciudad de los 13 que lo componen. Puede parecer una decisión fruto del calor de los hechos, de las llamas de comisaría, pero no es descabellada si tenemos en cuenta los trágicos números de muertes que producen unos congéneres que les pagamos para que en realidad nos protejan, y las consecuencias económicas que conlleva tanto dolor.