Foto: Raymond Howard, Amen-SD
No son pocos los pueblos en el mundo que buscan el reconocimiento de sus derechos y el fin de la opresión de potencias extranjeras. La más conocida y expuesta en los medios de luchas por la autodeterminación tal vez sea la de los palestinos, esparcidos por campos de refugiados en países como Líbano y Jordania, o viviendo en territorios bajo la ocupación de Israel como en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Pero decenas de diferentes grupos de poblaciones y etnias como los kurdos (Irak, Iran, Turquia y Síria), ciganos (especialmente en Europa Oriental), tibetanos (China e India) y cachemires (Cachemira ocupada por India, Paquistán y China) etc. Siguen buscando, si no la independencia completa, por lo menos la posibilidad de sobrevivencia de su lengua, cultura, tradiciones e identidad.
Uno de los más amenazados de aniquilación total, la cual está próxima de suceder, es el pueblo raizal, del archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, situado a 180 Km de la costa de Nicaragua, a 400 Km de las playas de Jamaica y 480 Km de América del Sur. Hace más de cincuenta años Colombia promueve un proceso sistemático de colonización, culturización y militarización, que pone en gran riesgo no solamente a la población nativa de las islas, sino que también está destruyendo rápidamente el propio ecosistema con la sobrepoblación y la sobreexplotación hotelera. Pero esa noticia usted no la va encontrar en los grandes noticieros ni en las redes de televisión.
El pueblo hoy conocido como raizal tiene su origen en la llegada del barco británico Sea Flower, en 1624, que trajo colonizadores puritanos ingleses y negros esclavos de Jamaica para trabajar en haciendas de caña de azúcar y madera para la construcción de barcos. Con el pasar de los años, hubo también alguna migración de amerindios; y los raizales desarrollaron toda una cultura propia, de credo mayormente protestante y con un dialecto criollo de raíz inglesa.
El territorio, entretanto, siempre fue blanco de disputas, primero entre españoles e ingleses, después entre centroamericanos y suramericanos (con algunas partes reclamadas por norteamericanos) y actualmente entre Nicaragua y Colombia. “Por algún tiempo fuimos los primeros países independientes del continente americano, después de libertados en 1818 por el corsario francés Louis-Michel Aury”, cuenta Dulph Mitchell, secretario general del movimiento por la autodeterminación Étnico-Nativa del archipiélago (AMEN-SD, sigla en inglés). “En 1822 aceptamos voluntariamente unirnos, como provincia autónoma, a la entonces Gran Colombia, pero después de la muerte del dictador Simón Bolívar y de la desintegración del país quedamos en un ‘limbo’ jurídico y autogobernándonos hasta 1912, cuando la nueva Colombia, por medio de la ley 52, nos declara una ‘intendencia’ sin cualquier consulta a nuestros líderes”.
La promulgación de La Ley 52 es el comienzo del fin para los raizales. En su artículo 13, instituye a la Iglesia Católica como responsable por el sistema educativo del archipiélago forzando, por tanto, la adopción de la lengua española e imprimiendo una disputa religiosa que hasta entonces no existía. En el artículo 14 de la Ley, vigente hasta hoy, el gobierno colombiano garantiza el transporte gratuito en barcos para cualquier familia del continente con más de cuatro miembros que quiera vivir en las islas. “Se trata de una política intencional y deliberada de colonización y descaracterización de la población originaria”, alega Raymond Howard, presidente de la AMEN-SD. “Aún así, hasta 1950 éramos el 95% de la población y continuábamos viviendo como siempre, básicamente de la pesca y de la agricultura de subsistencia”.
El segundo gran golpe al pueblo raizal sucedió en 1953, con la apertura del Puerto Libre de San Andrés, que aumentó el flujo de mercancías y de personas en el archipiélago y transformó su principal isla en un destino turístico codiciado, para ser explotado principalmente por comerciantes colombianos de origen sirio y libanés que abrieron los primeros grandes emprendimientos hoteleros. “En la década de 1950, hasta nuestro cementerio tradicional fue destruido, con las tumbas arrancadas para dar lugar a un campo de deporte para los turistas”, afirma Mitchell. “Desde entonces, la colonización fue tan intensa que hoy somos minoría, con cerca de 30% de las más de 100 mil personas que sobrepoblan San Andrés, agotando los recursos naturales. Pero representamos apenas un 10% de la fuerza de trabajo”, dice Howard. “Por causa del preconcepto y del racismo que sufrimos, los raizales no consiguen empleos decentes y muchos están emigrando para Colombia y Nicaragua; mientras tanto, otros se someten a trabajar en los barcos de turismo, ya que hasta la pesca tradicional fue substituida por la industria extractivista. Eso está destruyendo completamente los núcleos familiares y generando todo tipo de problemas”
Desempleo y tráfico
Sin opciones de empleo, muchos de los raizales, conocidos en el Caribe por sus habilidades en navegación; aceptan transportar pequeñas cantidades de droga entre islas. “Que yo sepa, la mayoría son runners (que podríamos traducir para el español como corredores) que gana, máximo, entre US$ 3.000 y $4.000 por viaje, como me dijo la esposa de uno de ellos que cumple una pena en los Estados Unidos, donde hay más de mil raizales presos por envolvimiento con drogas”, informa Tory Rockett, activista e investigador de cuestiones raciales y de desarrollo sostenible. Además de ser extraditados, marineros cogidos con drogas tienen sus barcos confiscados, lo que imposibilita la supervivencia de las familias. “Hay un serio problema de crack en las comunidades pobres, y las islas fueron usadas por mucho tiempo como punto de tráfico y refugio seguro para capos de la coca colombiana”, agrega.
Para combatir el comercio ilegal, el gobierno viene aumentando drásticamente también la población militar del archipiélago formando un contingente, según Howart, de más de cuatro mil hombres entre soldados y policías. De ese modo, los conflictos entre las fuerzas de seguridad y los raizales pobres también han sido más constantes. “Las escuelas en las islas son muy pobres y ha crecido la discriminación contra los negros”, afirma Rockett. “Cuando viví en San Andrés, entre 2005 y 2006, vi un documento confidencial del gobierno en el cual aparecía la cifra de 75% de desempleo entre los raizales”.
El investigador norteamericano fue contratado por la Universidad Cristiana, fundada por el ex pastor de La Primera Iglesia Bautista de San Andrés, George May, para dar mejores condiciones de estudio para los raizales. El trabajo de Rockett era apuntar alternativas para el único basurero de la isla, irónicamente llamado Magic Garden (Jardín Mágico), encallado en medio de las comunidades raizales de Barrak, Orange Hill y La Loma. “El depósito ya había alcanzado su capacidad máxima y era la principal fuente de contaminación de las mantas freáticas de la isla y de los problemas de salud”, dice. “Después, yo supe que el gobierno local estaba probando otras alternativas como la incineración, pero que estaba prohibido lanzar la basura al mar, y habían abierto por lo menos dos áreas en Magic Garden para depositar las cerca de 100 toneladas de basura producidas diariamente en las islas”. A pesar de que el territorio fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2000, la desatención con la contaminación continúa. Y con la inminencia de la elevación del nivel de los mares por causa del calentamiento global, crece la posibilidad de inundaciones y de la pérdida del territorio raizal ancestral. Ya que por causa de la actividad pesquera, muchos viven en la playa.
Su presencia centenaria en las blancas arenas bañadas por ondas de un azul cristalino, entonces, es fuente de otro embate con el gobierno colombiano. Hace cuatro años la administración local bajó un decreto para la demolición, bajo fuerza policial si es necesario, de todas las edificaciones construidas en las playas. El proyecto, que ya está en la segunda instancia de aprobación por el poder legislativo, no trajo una única línea sobre el destino de las personas que viven en esas casas.
“Son más de 500 familias, muchas con títulos de propiedad de la tierra expedidos antes de la independencia de Colombia”, afirma Mitchell. De hecho, según la historia del territorio, en 1810 el entonces gobernador Thomas O`Neill distribuyó títulos de propiedad a todos los que vivían en las tres principales islas. Veinticuatro años después, Philip Beekman Livingston liberó a todos los esclavos de su madre que había fallecido y transfirió la posesión de las tierras.
“El año pasado, durante su discurso en la reunión del Grupo de Rio en Santo Domingo, República Dominicana, el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, afirmó que el gobierno iría a ayudar la iniciativa privada y a implantar cinco grandes proyectos hoteleros en el archipiélago”, cita Howard. “Con más de 100 personas en un territorio en el que la mayor isla tiene un poco más de 12 Km de extensión por 3,5 Km de largo, no hay espacio para esos resorts, a no ser retirando la población raizal”.
Por causa de las constantes agresiones, militarización y colonización provenientes del continente, los raizales iniciaron aún desde los años 1960 una serie de movimientos por la independencia y autodeterminación. Nunca llegó a existir un grupo guerrillero y ni acciones armadas para la toma del poder. Con todo, grupos como Los Hijos de la Tierra (S.O.S la sigla en inglés) en los años 1970 y 1980 y el actual AMEN-SD han intentado divulgar la causa raizal en los organismos y encuentros internacionales. “Desde la década de 1960 hemos luchado juntos en La Organización de las Naciones Unidas por el reconocimiento de que somos un pueblo y un territorio bajo ocupación de potencia extranjera”, explica Howard. “De acuerdo con las resoluciones 1514 y 1541, es posible exigir la descolonización y la independencia, como ocurrió con Nigeria en África y como Jamaica aquí en el Caribe”. Pero para eso el gobierno de Colombia tendría que reconocer su situación, lo que allá no es muy probable. Principalmente porque con una mayoría de “extranjeros” viviendo en las islas y dominando su economía, disminuyen las posibilidades de que los raizales puedan elegir políticos que representen sus intereses. Sin hablar de que algunos de sus “representantes” acaban, digamos, ensuciándose del poder en el continente.
Aún así, los grupos que luchan por la autodeterminación siguen enviando peticiones a la ONU y participando de encuentros nacionales e internacionales contra el racismo para poder presentar sus demandas. El más reciente movimiento en ese sentido fue la convocatoria, en el inicio de diciembre, de una audiencia pública en el Congreso colombiano, con la ayuda del senador de izquierda Alexander López Maya, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y de entidades no gubernamentales como la Red de Colombianos y Colombianas Unidos por Nuestros Derechos Constitucionales (Red- Cundecon) y el Proyecto Justicia y Vida. “A pesar de haber convocado a la audiencia con bastante insistencia y haber invitado a los dos diputados del Departamento de San Andrés, a la hora del evento el salón del Senado estaba trancado y ninguno de los diputados apareció”, cuenta Lilia Solano directora de Justicia y Vida. “Pero si no continuamos esta lucha, los raizales desaparecerán en poco tiempo, como si nunca hubiesen existido”. ¿Cuántos más pueblos pueden estar hoy en la misma situación sin que la grandes medio de comunicación presten atención a su lucha por la supervivencia?
Públicado originalmente en la Revista Forum 82
http://www.revistaforum.com.br/sitefinal/EdicaoNoticiaIntegra.asp?id_artigo=8032
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Versión en español por Estefania Herrera eshesa6@gmail.com