Foto: Este ‘mielero’ de patas rojas (Honeycreeper) no figura en la CITES, por lo que su comercio está prohibido, pero continúa siendo recolectado y exportado de Guyana y Surinam a países como EE.UU. Crédito de la imagen: Keith Arnold / WWF US.
Lisbeth Fog – Scidev/ Bogotá – Tomar en cuenta las necesidades de subsistencia de la población local siguen siendo determinantes para la protección de la vida silvestre en las zonas rurales de Sudamérica, señala un estudio que analizó los efectos de cinco décadas de regulaciones para impedir el tráfico de aves en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
Según el documento, es necesario analizar los posibles impactos ambientales y económicos derivados de las actividades que surgen cuando se prohíbe el comercio de aves o de cualquier espécimen de vida silvestre, porque las poblaciones locales, en su afán de generarse medios de subsistencia, suelen recurrir a otras actividades dañinas para el medio ambiente, como la deforestación, tala de árboles, minería ilegal y cultivos ilegales.
Publicado por Traffic —red mundial de monitoreo del comercio de vida silvestre— el estudio comprobó que el tráfico ilegal de aves exóticas en la región ha disminuido considerablemente en las últimas décadas gracias a regulaciones adecuadas en muchos países, pero que la ausencia de un marco para el uso legal y planificado de la vida silvestre por parte de las comunidades locales es una brecha importante en todos los países de América del Sur.
La vida silvestre es esencial para el bienestar de los ecosistemas. “Cada especie juega un rol, bien sea como dispersor de semillas o para el control de plagas en la agricultura”, dice a SciDev.Net el autor del estudio, el biólogo colombiano Bernardo Ortiz von Halle, hoy director de conservación de la Fundación EcoCiencia, con sede en Quito.
Mientras Brasil, Colombia y Ecuador prohíben el tráfico de aves y han impulsado importantes incentivos económicos de conservación a través del aviturismo, las legislaciones de Guyana, Surinam y una parte del Perú permiten un comercio regulado.
Entre 2000 y 2013 Perú exportó comercialmente 37.233 aves incluidas en la lista de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), mientras en el mismo período Surinam exportó 74.890 y Guyana exportó 145.000 entre 2000 y 2016.
Alrededor del cinco por ciento de la población rural de Guyana –unas 20.000 personas– viven de esta actividad económica, dice el estudio.
“El comercio como tal en las ciudades está prácticamente extinto, eso es como un éxito de la conservación”, asegura Ortiz. El problema está en el campo. “La vida silvestre es muy poco apreciada por la gente que habita en esos sitios. En todos los países los estados son los dueños de la vida silvestre, pero en el medio es del primero que lo agarre”, explica.
“Necesitamos mecanismos para incentivar (el aviturismo) en el campo con indígenas y campesinos, porque si no, dependeremos solamente de la educación ambiental y mientras lo logramos vamos a perder un montón de especies en el camino…”
Bernardo Ortiz von Halle, Fundación EcoCiencia.
Por esa razón, aduce el estudio, “el futuro de la vida silvestre de América del Sur depende en gran medida del cambio de estas actitudes utilitarias hacia la vida silvestre, empeorada por supuesto por la pobreza y la ausencia de opciones económicas en los paisajes rurales”.
Eso significa que a pesar de los esfuerzos, el tráfico ilegal aún ocurre en todos estos países y las redes sociales son un medio utilizado para este tipo de mercado. “Si uno pregunta, le ofrecen lo que no está exhibido”, cuenta Ortiz, quien revisó varias páginas de comercio en línea.
El tráfico internacional de aves se ha reducido a especies raras y amenazadas. “Es bien marginal, muy especializado, pero no quiere esto decir que no sea importante”, continúa. Los pericos, tucanes y las aves cantoras son las que más se trafican.
El documento indica que la creación de unidades de policía ambiental en los países amazónicos ha funcionado no solamente para los decomisos sino porque cada vez hay menos restaurantes u hoteles campestres con animales silvestres en jaulas.
“En Brasil se siguen decomisando entre 30 y 35 mil aves al año, cifra que se ha mantenido en los últimos 15 años”, encontró Ortiz en su investigación.
El ecólogo colombiano experto en aves, Jorge Eduardo Botero, dijo a SciDev.Net que “la pérdida de hábitat sigue siendo la mayor amenaza a las poblaciones silvestres de las especies”. Sin embargo, “a pesar del enorme daño producido a la conservación de muchas especies —el cual en algunos casos ha sido irreparable— ya se ven mejoras”.
“No son impactos perceptibles en el corto plazo sino en la salud y el funcionamiento general de los ecosistemas que solo se pueden cuantificar si se están midiendo en décadas”, explicó Ortiz.
De acuerdo con un estudio publicado en Science Advances en 2017, la decisión de la Unión Europea de cerrar las importaciones de aves silvestres para frenar un brote de gripe aviar en 2005 fue aprovechado por los defensores de las especies silvestres y redujo el comercio de aves exóticas en un 90 por ciento.
Ortiz recomienda generar incentivos locales para que la gente aprecie más la vida silvestre en su medio.
“Necesitamos mecanismos para incentivar (el aviturismo) en el campo con indígenas y campesinos, porque si no, dependeremos solamente de la educación ambiental y mientras lo logramos vamos a perder un montón de especies en el camino, sobre todo por destrucción de hábitat que es nuestro mayor problema y reto”, sentenció.
Otra “urgente necesidad”, de acuerdo con Botero, es un programa de monitoreo de especies de aves, especialmente de las amenazadas. “No estamos monitoreando adecuadamente muchos elementos de nuestra biodiversidad, como son las aves. Hay muchos planes de manejo y conservación que después de haber sido formulados exitosamente, no se aplican”.
> Enlace al informe: Lessons from 50 years of bird trade regulation & conservation in Amazon countries.