Sergio Ferrari, desde Suiza
Photo: Bradley
Desde el levantamiento indígena en Chiapas -enero de 1994- a las últimas
tensiones en Oaxaca, México transita una etapa política compleja, con
particulares problemas en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. La
comunidad internacional sigue atenta la cotidianeidad de ese importante
país latinoamericano. Amnistía Internacional advierte y espera, impaciente,
mejoras a corto plazo. Los desafíos son inmensos…
CONSULTAR A LA SOCIEDAD CIVIL
La necesidad de una más activa mediación y de una mayor consulta de parte
de las autoridades aztecas a la sociedad civil mexicana constituye uno de
los temas esenciales del análisis de Alma Noser, responsable de Amnistía
Internacional (AI) Suiza para México.
Y recuerda el contenido esencial del último informe que su organización
acaba de publicar en febrero. El mismo analiza las “graves deficiencias de
los sistemas de seguridad pública y de justicia penal mexicanos”.
Deficiencias que hacen, según AI, que la detención arbitraria, la
tortura, los juicios injustos y la impunidad sean prácticas sistemáticas a
nivel estatal y federal en todo el país.
El documento se basa en entrevistas que representantes de AI mantuvieron
entre 2004 y 2006 con representantes del Gobierno Federal y de diversos
estados; agentes del Ministerio Público; abogados; miembros de la
judicatura; ONG de derechos humanos así como con víctimas de abusos y sus
familias.
En noviembre 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
reconoció que la tortura seguía siendo una práctica generalizada en México.
El Informe de AI recomienda realizar una reforma constitucional y de la
legislación secundaria, para garantizar que las obligaciones contraídas por
México en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos sean
consagradas en la legislación nacional.
GRANDES PROBLEMAS. DESPROTECCION INDIGENA
“La situación es muy difícil. Especialmente en las regiones indígenas del
sur, y también en estados del norte. No sólo por las dificultades
económico-sociales cotidianas, sino también por la falta de un real acceso
a la justicia”, insiste Noser en entrevista exclusiva.
Según un censo realizado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, en
2004, había sólo 82 abogados con la preparación necesaria para representar
y poder defender a los 13 millones de personas indígenas en México.
Y la lista de problemas es larga, según la experimentada activista
helvética, comenzando con las “tensiones enormes en regiones donde el
Gobierno estudia implementar megaproyectos hidroeléctricos sin ninguna
consulta a la gente” .
Así como “el drama de la migración -mexicana y centroamericana- hacia el
norte, que sufre abusos inimaginables; el tema escondido de la migración
interna cada vez más intensa y preocupante por las tensiones sociales; el
aumento del narcotráfico con la consecuente militarización que sirve para
controlar-reprimir a los movimientos sociales; o el asesinato ya endémico
de mujeres en Ciudad Juárez”, sigue enumerando.
EXIGENCIAS DE MEJORAS PROFUNDAS
En cuanto al futuro, Noser no esconde grandes interrogantes. “Soy bastante
escéptica con respecto a un mejoramiento real, de fondo, de los derechos
humanos”, enfatiza.
Pesimismo con el que coincide el sociólogo mexicano Marcos Antonio Leyva
Madrid, director de EDUCA, una ONG de Oaxaca dedicada a la educación
comunitaria alternativa.
Leyva, quien visitó recientemente Suiza invitado por Amnistía Internacional
y por Peace Watch, es uno de los consejeros de la APPO (Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca) y ha participado en la negociación con las
autoridades para encontrar alternativas a la crisis que desde el año pasado
reina en su Estado.
En mayo de 2006 los maestros iniciaron una huelga en el Estado de Oaxaca
para exigir mejoras salariales y de condiciones de trabajo y ocuparon la
plaza principal de la ciudad del mismo nombre.
El intento de las fuerzas de seguridad por desalojarla y una primera onda
represiva llevó a una radicalización de la protesta. Y a la formación, en
junio del 2006, de la Asamblea popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Desde
entonces hasta ahora Oaxaca ha vivido un clima de inseguridad extrema, con
confrontaciones, represión, presos, heridos y muertos.
“La violación de los derechos humanos ha sido constante y significativa. Y
eso produce un enorme enojo de mucha gente”, enfatiza Leyva. Quien, a
pesar de todo, sigue convencido que el diálogo y la negociación son los
mecanismos esenciales para terminar con el clima de inseguridad que vive
Oaxaca.
LA VISION OFICIAL HELVÉTICA
En cuanto a la conflictividad de distinta índole que se da en México,
“estamos persuadidos que hay que hacer todos los esfuerzos para
institucionalizar mecanismos de diálogo y negociación”, enfatiza por su
parte Mô Bleeker.
Bleeker es la responsable del “Programa de derechos humanos, promoción de
la paz y seguridad humana”, impulsado por la división política IV del
Departamento Federal de Asuntos Extranjeros helvético. El mismo concluirá a
fin del 2007.
La cancillería helvética apoya desde el año 2002 diversas iniciativas
para la promoción de los derechos humanos en México.
Una de ellas, el programa PROPAZ, implementado en Chiapas por cuatro
grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) de cooperación al
desarrollo: Acción Cuaresmal, Caritas, Pan Para el Prójimo y HEKS (ayuda
protestante). Busca aportar positivamente a la transformación-resolución
del conflicto y al respeto de los derechos esenciales de la persona humana.
Desde 2003, sostiene también un proyecto más amplio, a nivel nacional, con
similares objetivos esenciales.
El mismo se comenzó a ejecutar luego que el Alto Comisionado de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas realizara junto con las autoridades
mexicanas un primer diagnóstico sobre los derechos humanos en ese país
latinoamericano. A posteriori se definió un Plan Nacional en esa esfera.
El aporte suizo se materializa a través de dos “socios”, tal como explica
Mô Bleeker.
Uno de ellos, la organización “Ginebra para los derechos humanos”, que
asegura una asistencia técnica y de mediación para que dicho plan sea
implementado en acuerdo con la sociedad civil. Actualmente se impulsa en
cinco estados del país.
El segundo socio es SERAPAZ, una instancia mexicana para la transformación
de los conflictos. Esta ha promovido en los últimos años un observatorio
para el diagnóstico de conflictos; cursos de formación sobre esta temática
con participación de autoridades municipales; así como actividades de
mediación cuando realidades conflictivas amenazan transformarse en
situaciones violentas.
La comunidad internacional se muestra atenta y expectante. Y espera, a muy
corto plazo, iniciativas y reformas significativas. La presión social
aumenta y la pelota pica ahora en el campo del Gobierno.