La razón del Juicio
El 2 de febrero de 2006 el espacio Enlazando Alternativas 2 (EA2) requirió oficialmente la convocatoria de una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre las corporaciones transnacionales (CTN) en América Latina. De acuerdo a los estatutos del TPP se requería una investigación centrada en el rol crecientemente dominante de las CTN europeas en áreas estratégicas tales como el sector de servicios, la infraestructura, el petróleo, el agua, las finanzas y las telecomunicaciones. Se solicitaba en particular el análisis de las amenazas referidas a la soberanía política, la política de desarrollo, la autonomía económica y la democratización en América Latina. La red de organizaciones representadas en EA2 requerían que el tribunal escuchara diversos casos de países de la región referidos a aspectos concernientes a la vida y el trabajo, en lugar de un juicio formal. El TPP aceptó el requerimiento, el cual parecía ser específicamente relevante en relación al rol institucional del TPP por dos razones básicas:
1. Los pueblos, los movimientos y la diversidad de actores participantes en EA2 representan una de las más importantes expresiones de la lucha en curso en torno a los derechos de los pueblos, la que justifica la existencia del TPP, basado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel, del año1976.
2. Los temas del requerimiento constituyen una importante oportunidad para continuar y expandir el rol investigativo del TPP sobre la relación entre las leyes económicas y los derechos de los pueblos. Este trabajo viene siendo realizado desde la creación del tribunal en la segunda mitad de la década de 1970, a partir de una serie de juicios que incluyeron temas como:1
– el rol de las corporaciones transnacionales en las dictaduras de América Latina (Bruselas, 1975);
– las causas de la impunidad de quienes cometieron crímenes en países latinoamericanos (Bogotá, 1991);
– la conquista de América Latina y los orígenes del Derecho Internacional (Venecia, 1992);
– las corporaciones transnacionales en las industrias textiles, de la vestimenta y de la indumentaria deportiva y sus impactos sobre los derechos laborales y el medio ambiente (Bruselas, 1998);
– el caso del desastre de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa (Bhopal, 1991 – Londres, 1994);
– las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001);
– el rol de las corporaciones transnacionales en Colombia (Berna, 2005 – Bogotá, 2006).
El procedimiento
Las audiencias del TPP se desarrollaron en tres sesiones, precedidas por una sesión inaugural, cada una de las cuales tuvo una extensión de aproximadamente cuatro horas. Un dossier detallado de los estudios de caso y las denuncias fue entregado al jurado. Testigos y expertos presentaron oralmente los casos documentados y también respondieron a las preguntas realizadas por los miembros del jurado. Los casos cubrieron varias áreas de actividad de las TNC y su impacto sobre: los recursos naturales, los derechos de los trabajadores, los servicios públicos -con énfasis particular en la provisión de agua, saneamiento y electricidad-, el rol del capital financiero global y el rol de las TNC en el sector de las finanzas de América Latina, la cadena alimentaria y la diversidad agrícola, y la industria del gas y del petróleo. Toda la documentación está disponible en el sitio web .
Acusación general
Los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) agradecen a los organizadores de este importante evento, resaltando el rigor y la alta calidad de la investigación y la documentación presentada durante las audiencias, al tiempo que saludan el compromiso de los testigos en búsqueda de la justicia para sus comunidades y sus países.
Hemos escuchado testimonios y estudios de caso referidos a varias decenas de CTN y bancos con sede en Austria, España, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y los Países Bajos, y en un país por fuera de la UE, Noruega. El TPP ha recibido suficientes evidencias sobre los abusos de las CTN europeas en relación a los derechos humanos, sociales, culturales y laborales, sobre sus acciones irresponsables y algunas veces irreversibles en torno al medio ambiente, y sobre la carencia total de interés en el bienestar de las comunidades locales.
Hemos escuchado, en particular, de la complicidad de los gobiernos europeos que apoyan y sostienen a sus CTN, así como sobre el rol que asumen instituciones internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, el Banco Europeo de Inversión, las agencias oficiales de crédito y las agencias nacionales de cooperación al desarrollo como catalizadores de las actividades explotadoras de las CTN.
Hemos considerado casos de privatización de servicios públicos fomentados por las corporaciones (en particular referidos al agua, el saneamiento y la energía), uso y extracción de recursos naturales, prospección petrolera, prácticas de agro-negocios y explotación de la tierra, expansión de plantaciones de monocultivo para la producción de pulpa de celulosa, y la responsabilidad de bancos europeos en la liberalización del sector financiero en varios países de América Latina.
Las conclusiones
Sobre la base de lo antes mencionado hemos identificado elementos y amenazas comunes que el TPP considera que ameritan trabajo adicional, en torno a:
a. Amenazas al derecho al acceso a los servicios básicos esenciales. El agua ha sido transformada en una mercancía, por encima de su consideración como derecho básico. Las políticas de comercialización y distribución implementadas por las CTN, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, impiden que amplios segmentos de la población (principalmente los pobres) accedan a un derecho humano fundamental. La privatización y la liberalización de la electricidad ha tenido resultados similares.
b. Amenazas al derecho a la tierra. La expansión de las plantaciones de monocultivo para la exportación (fundamentalmente soya y pulpa de madera) está destruyendo las formas de vida de los campesinos y pequeños productores rurales, al impedirles el acceso justo y equitativo a la tierra.
c. Amenaza al derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria. La producción industrial de alimentos para la exportación y la privatización de la biodiversidad y las semillas, promovidas por intereses corporativos y las inequidades del comercio internacional, están destruyendo la capacidad de los países latinoamericanos de satisfacción de tales derechos.
d. Amenazas a los derechos laborales. La llamada “flexibilidad”, la búsqueda de altas ganancias para las inversiones privadas, la necesidad de producir bienes baratos para mercados globales, junto a la represión de los sindicatos de América Latina, debilitan los estándares laborales básicos. Más aún, las TNC usan proveedores baratos de fuerza de trabajo para mantener los costos bajos, expandiendo un sector informal ya muy grande.
e. Amenazas a los derechos de los pueblos indígenas. TNC europeas y gobiernos latinoamericanos colaboran en la invasión y explotación de los territorios de los pueblos indígenas sin que se cuente con el consenso o la participación de las comunidades afectadas, violando en consecuencia sus derechos fundamentales y su identidad cultural.
f. Amenazas a los derechos ambientales. La negligencia y el abuso por parte de las corporaciones transnacionales europeas en ecosistemas frágiles en términos de biodiversidad y vida silvestre (hotspots), así como en bio-regiones claves para la estabilización climática, han aumentado la deforestación por razones económicas, contaminado las aguas y expandido la infraestructura, resultante en una sustancial deuda ecológica que contradice el compromiso público de la UE con el desarrollo sustentable. La explotación irresponsable de los recursos naturales -por ejemplo gas y petróleo- en manos de TNC europeas ha provocado graves y profundos impactos ambientales tanto a escala local como, en ultima instancia, a escala global.
g. Amenazas a los derechos políticos y civiles. Las corporaciones transnacionales europeas pueden desarrollar sus actividades sin ser perturbadas gracias a la complicidad de gobiernos locales y nacionales. Todo esto puede ocurrir a pesar del rechazo popular, dado que los mismos gobiernos no dudan en reprimir la disidencia y la movilización ambiental, social y sindical.
Todas las amenazas antes expuestas, combinadas con el comportamiento errático de los mercados financieros, resultan en un ataque masivo a los derechos sociales y económicos al desarrollo, y por lo tanto representan un desafío significativo para el trabajo futuro del TPP.
Las TNC no son las únicas responsables de esta situación. La responsabilidad también se extiende a los gobiernos anfitriones y a la UE, lo que permite a las empresas aplicar estándares inferiores a los observados en Europa. La UE, en sus negociaciones con los países latinoamericanos, persigue una agenda de liberalización del comercio y de las finanzas y de apoyo a las TNC. Con frecuencia, la ayuda económica está condicionada a la aceptación de los criterios de la UE, mientras que ésta negocia acuerdos de comercio y arreglos preferenciales con países concretos, incluso cuando los mismos violan las normas internacionales básicas de respeto a los derechos humanos, tales como las establecidas por la OIT.
Desafortunadamente, el TPP ha sido obligado a considerar estos casos debido a la carencia de cualquier otro foro para la adecuada consideración de las denuncias, así como por la ausencias de reglas a ser aplicadas para el control de las CTN. A menos que y hasta tanto tales normas se desarrollen y se ejecuten apropiadamente casos como los considerados por nosotros seguirán apareciendo de forma recurrente.
En consecuencia, el TPP concluye que la complejidad y la seriedad de las denuncias y las correspondientes amenazas requieren más investigación, orientada a contribuir al desarrollo de instrumentos legales internacionales que harían a las CTN verdadera y efectivamente responsables por sus prácticas.
Perspectivas
El propósito y las modalidades de acción del TPP siempre han intentado apoyar y fortalecer a movimientos sociales y ciudadanos responsables en sus diferentes luchas por la justicia y los derechos humanos. No es casualidad, por lo tanto, que los preparativos de la sesión hayan generado un nivel sin precedentes de interés y expectativa entre los movimientos de América Latina y Europa, los cuales han creado nuevas redes y una base para avanzar en sus luchas, resistencia y búsqueda de alternativas al paradigma económico y social dominante.
Al mismo tiempo, las oportunidades que América Latina está actualmente promoviendo en su propio camino hacia la justicia social y la autodeterminación pueden inspirar a los movimientos en Europa, en sus prácticas y propuestas para una alternativa de justicia. El enriquecimiento mutua de acción y análisis que intentamos fomentar convierte a este tribunal en algo más que un mero ejercicio académico, al tornarse realmente en un esfuerzo genuino de contribución desde la experiencia al esfuerzo común de los movimientos sociales, ambientales y sindicales de ambas regiones. Es la determinación y la acción visionaria de los movimientos lo que nos mueve a promover iniciativas futuras de enfrentamiento al desafío de la globalización económica y financiera para la afirmación de los derechos fundamentales de los pueblos. A la luz de la importancia de las conclusiones de esta sesión, el tribunal anuncia su intención de convocar a una sesión formal para juzgar las actividades y las responsabilidades de las CTN europeas en América Latina.
Miembros del Panel:
Elmar Altvater (Presidente, Alemania), Miren Etxezarreta (España), Susan George (Francia), Lilian Manzella (Estados Unidos), Francesco Martone (Italia), Freda Meissner-Blau (Austria), Sandra Quintela (Brasil), Roberto Schiattarella (Italia), Gianni Tognoni (Secretario General, Italia)