Alainet: La Federación Internacional de Derechos Humanos publica hoy el informe “Oaxaca: Conflicto Social y Violaciones a los Derechos Humanos” (1) luego de la misión de investigación que llevó acabo en Oaxaca del 21 hasta el 27 de septiembre 2006, con el apoyo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). El informe fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia el 24 de octubre 2006. Desde el momento en que se desarrolló la misión de FIDH, la situación ha seguido crítica e incluso ha empeorado.
El viernes 27 octubre, alrededor de 500 personas, incluyendo policías vestidos de civil, personas pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional y paramilitares, todos fuertemente armados, atacaron a unas barricadas y dispararon a la población civil durante más de una hora. Esto trajo como resultado la muerte de un camarógrafo americano y tres mexicanos, así como 26 personas heridas. El mismo día, la radio universitaria, Radio Universidad, fue objeto de balazos y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sufrió fuertes daños.
El Presidente Fox ordenó el día siguiente de lanzar una ofensiva contra la ciudad. El domingo 29 octubre, 4000 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) trataron de poner fin a la ocupación del centro de la cuidad por parte de los maestros, entrando en la ciudad por varias direcciones con tanquetas, helicópteros y mangueras de agua. Gases lacrimógenos fueron lanzados a la multitud. 36 hombres, mujeres, niños y ancianos fueron detenidos y golpeados violentamente. Se desconoce hacia dónde los llevaron. La LIMEDDH afirma que más de 3 personas murieron debido a sus golpes hasta ahora, incluso un niño.
Como ha sido mencionado en el informe, la FIDH esta extremadamente preocupada por el deterioro de las libertades fundamentales en el estado de Oaxaca y el endurecimiento de la posición de las autoridades federales y regionales acerca la población civil. En efecto, esas autoridades son, bien sea directamente responsables de actos de represalias contre civiles o han fallado en protegerles al no conseguir acabar con la impunidad de los autores de violaciones contra ellos.
La FIDH está particularmente alarmada de que el Presidente Mexicano elija poner fin a una protesta pacífica mediante el uso desproporcionado de la fuerza que ha conducido a muertes extra-judiciales por parte de la policía y las fuerzas paramilitares en flagrante violación al derecho a la vida:
En su informe, la FIDH urge las autoridades de privilegiar el uso del diálogo para resolver el conflicto, garantizado en todo momento que el Estado debe cumplir sus obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos y garantizar, bajo toda circunstancia, la integridad psicológica y física de todos los civiles en Oaxaca, en particular los que han sido detenidos en los últimos días.
La FIDH además pide a las autoridades de asegurar investigaciones inmediatas e imparciales en torno a todas las violaciones ocurridas desde el principio de la protesta en mayo 2006, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal y sancionarlos según la legislación vigente.
La FIDH hace un llamado a las autoridades a poner fin, inmediatamente y sin condiciones a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales en Oaxaca, habilitando un marco para el desarrollo de la mayoría de la población que hoy son excluidas del derecho de educación y desarrollo; a crear las condiciones necesarias para el restablecimiento de una ética social y la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y la paz interna en México.
La FIDH apoya el pronunciamiento del lunes 30 de octubre del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, quien expresó su preocupación sobre el uso de la fuerza como respuesta a protestas provenientes de problemas sociales profundamente arraigados y recomendó a las autoridades federales y estatales cumplir, en todo momento y a cabalidad, las obligaciones de México sobre el derecho internacional de los derechos humanos.