El 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
conquistaba el poder en Nicaragua luego de tan largos como difíciles años
de lucha guerrillera. De la dirección nacional colegiada, entre los nueve
comandantes de la revolución, se proyectaba particularmente Daniel Ortega
Saavedra, quien 28 años más tarde, el 10 de enero del 2007, llegaría de
nuevo al gobierno del país, esta vez a través de elecciones. Entre uno y
otro momento se sucedieron once años de revolución sandinista -una de las
experiencias sociales más transformadoras en todo el continente
latinoamericano. Y dieciséis años de tres sucesivos gobiernos
“neoliberales” que sentenciaron el retroceso social de Nicaragua,
convertido hoy en el segundo país más empobrecido del continente. Balance
de la dinámica nicaragüense a seis meses de la victoria electoral del FSLN.
Nueva etapa…¿Pero cual?
Un balance de estos seis primeros meses exige de antemano preguntarse si se
trata de un gobierno revolucionario -al estilo del sandinismo de los años
ochenta- o de una democracia “formal” o “normal”, de las que existen en
tanto países del mundo. Una vez respondido ese interrogante, se puede
avanzar entonces en el análisis de lo que se puede esperar del gobierno
actual del FSLN.
Tras la reflexión del periodista William Grigsby, se esconde la disyuntiva
esencial de la coyuntura de ese país centroamericano. Y la auto-respuesta
del director de la Radio La Primerísima no deja lugar a dudas: “no hay una
correlación de tipo político para pensar que hoy se puede implementar una
revolución como en los ochenta. Sin embargo, hay una oportunidad de oro
para sentar las bases para salir de la miseria profunda que aqueja al
país”, subraya.
“No espero una revolución, lo que espero es que sea un buen gobierno. Que
ataque las causas y las consecuencias de la miseria. Y que pueda articular
un programa de desarrollo nacional”, enfatiza Grigsby, uno de los más
agudos analistas políticos del país. Su programa diario, “Sin Fronteras”,
transmitido a las diez de la noche, constituye uno de los escasos puntos de
referencia para el análisis político, en un país donde hoy predominan
medios de comunicación superficiales y amarillistas.
Lo hecho y lo que falta hacer
Una de las primeras medidas de Daniel Ortega consistió en decretar la
gratuidad de la educación y la salud, decisión de alto valor simbólico en
un país en el cual en los tres últimos lustros la privatización de buena
parte de los servicios públicos hizo explotar la brecha social entre ricos
y pobres.
Tal como lo indica un balance de los primeros cien días del nuevo gobierno
elaborado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), el
ahorro del gasto público y la condonación de la deuda con el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), permitieron aumentar hasta un 3.21 % el
presupuesto para el 2007, con respecto a la propuesta presentada por el
presidente anterior. De ese aumento, un
18 % fue destinado a la salud, un 54 % a la educación y casi un 24 % al
Bono Productivo Alimenticio, tres de las áreas esenciales de la política
social que comienza a implementar el FSLN.
Y si la lucha contra la pobreza constituyó una de las principales banderas
electorales sandinistas, el Programa “Hambre Cero” – que retoma el nombre
de un plan similar implementado por Lula en Brasil- se perfila como la
propuesta esencial de ese combate en las regiones rurales más marginadas.
Con un presupuesto de 30 millones de dólares anuales, Hambre Cero tiene
como objetivo beneficiar anualmente a 15 mil familias – 75 mil en cinco
años-, asegurándole a cada una 2 mil dólares a través de la entrega de una
vaca y ganado menor, semillas, y otros medios para promover la
recuperación de la producción campesina. Eligiendo para comenzar la
implementación, las regiones rurales más marginadas.
Para el sociólogo Orlando Nuñez, padre teórico de este programa, una idea
esencial del sandinismo 2007 “es de pasar de un Estado con el perfil de
Gobierno+corporaciones (privadas), a un Estado con el perfil Gobierno+
asociaciones. La lucha para lograrlo no será sólo política sino también
económica y habrá que organizarse no sólo políticamente sino
económicamente, incluso aprovechando las reglas impuestas estos años por la
derecha”.
Reflexión que explica las propuestas organizativas centrales que tiende a
promover el Gobierno en sus próximos cinco años. La primera, las
asociaciones de pequeños y medianos productores, con un acento gremial, que
permita recrear un sujeto económico prácticamente desaparecido como
consecuencia de tres lustros de políticas neoliberales que beneficiaron
únicamente a los grandes productores.
La otra propuesta, más en el terreno político, son los Consejos de Poder
Ciudadano, implementados en todo el país, desde barrios y comarcas, pasando
por municipios, departamentos y culminando a nivel nacional.
La consigna “el Pueblo Presidente” y la democracia directa que impulsa el
sandinismo “va mucho más allá de un discurso político. Es un nuevo esquema
organizativo basado en leyes de participación votadas en gobiernos
anteriores”, explica Harold Urbina, colaborador de la Procuraduría de los
Derechos Humanos.
La coherencia entre objetivos y medios participativos aparece en el
argumento del joven militante. Debe recrearse la forma de participación a
nivel nacional para poder implementar las tres metas inmediatas del
programa del FSLN. “El bienestar ciudadano a partir de la recuperación de
los servicios públicos desmantelados y privatizados; la reactivación
económica y productiva; y las transformaciones sociales para combatir la
pobreza”. Para ello, insiste Urbina, es importante además una nueva lógica
de política y cooperación internacional, “sobre la base del comercio justo,
la igualdad entre naciones, el respeto entre Estados. Y por eso apostamos a
la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA),
promovida especialmente por Venezuela”.
La reciente instalación en Nicaragua del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela (Bandes) con más de 10 millones de dólares
de capital inicial proveniente de ese país – con la óptica de reactivar al
campesinado- y el apoyo de Venezuela en petróleo para dar respuesta a una
de las peores crisis energéticas que soporta Nicaragua, son resultados
pragmáticos de esta nueva referencia de política internacional en marcha.
Caracas ha prometido financiar el 50 % de la factura petrolera nicaragüense
para permitir liberar fondos que deberán ser destinados a proyectos
sociales.
Oposicion al acecho
La victoria del FSLN en las elecciones de noviembre 2006 fue ajustada. Su
38 % de votos, aunque le permitió alzarse con el triunfo, no le asegura
invulnerabilidad en el parlamento donde su bancada es minoritaria. Las dos
fracciones liberales sumaron 52 % de los votos y la disidencia sandinista
reunida alcanzó un 9 %.
En estos seis primeros meses de gobierno las críticas cotidianas de la
oposición han ido aumentando el tono. Prácticamente no hay anuncio o
actividad gubernamental que no sea fuertemente criticada. Y no son secretas
las discusiones entre los tres sectores opositores para impulsar lo que
ellos denominan “una alianza anti-Ortega”.
A pesar del esfuerzo inicial “moralizante” de Daniel Ortega de reducir los
megasalarios del ejecutivo y sus ministros, a fines de mayo fue revelado un
publicitado caso de extorsión contra inversionistas
europeos-norteamericanos en turismo. Según la revista ENVIO, de la
Universidad Centroamericana, “la extorsión la realizaba el ex alcalde y ex
diputado del FSLN y actual cónsul nicaragüenses en Liberia (ciudad del
norte de Costa Rica), Gerardo Miranda, señalado ya por corrupción en su
gestión municipal…”
Dicho escándalo, todavía en vías de investigación judicial, animó aún más a
la oposición no sólo política sino también de centros de estudios, ONG,
redes y plataformas.
La Coordinadora Civil, creada en 1998 luego del huracán Mitch que azotó el
país -fuertemente opositora hacia los dos últimos gobiernos liberales- se
ha venido convirtiendo también en los primeros meses del 2007 en portavoz
de la actual crítica anti-sandinista que propician algunos sectores medios.
Compuesta por unas 600 organizaciones, sigue reivindicando la denuncia a
todo conato de corrupción y se preocupa ante la falta de claridad del FSLN
en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las
instituciones financieras.
La falta de información sobre ciertas áreas y políticas de Gobierno, así
como los repetidos cambios de ministros -especialmente mujeres- en estos
primeros meses de gestión, conspiran contra la consolidación del Gobierno
de Daniel Ortega. Así lo explicaba el IPADE en su documento-balance de los
primeros meses: “la ausencia de información del Gobierno genera une estado
de incertidumbre y una percepción negativa ante la ciudadanía…”.
Por otra parte, ciertos aspectos “formales” de la vida política, como la
decisión de Ortega de no ocupar la antigua Casa de Gobierno -argumentando
medidas de ahorro- y de desempeñar sus funciones en la sede de su partido,
irritan sobre manera las sensibilidades de la oposición. Que critica además
el rol protagónico de Rosario Murillo, esposa del presidente, designada
secretaria del Concejo de Comunicación y Ciudadanía, función que la
convierte en la principal portavoz gubernamental junto con el mandatario.
Desafios futuros
Dos momentos políticos a mediano plazo se perfilan como trascendentes. El
primero, en enero del año que viene, cuando se vencerá la prórroga de la
decisión de las reformas constitucionales y se reabrirá un acalorado debate
nacional a partir del cual la oposición intentará disminuir los poderes del
ejecutivo.
El segundo, las elecciones municipales de noviembre del 2008, a las que la
oposición intentará transformar en un plebiscito contra el FSLN.
En esa perspectiva, los retos de cara al próximo año y medio son
desafiantes para el sandinismo. Que debe asegurar una buena gestión de
gobierno, asumiendo la responsabilidad de un Estado que ha sido
literalmente diezmado por las administraciones anteriores. Dando respuestas
a demandas sensitivas de los sectores más marginados del campo y la ciudad;
materializando una recuperación económica efectiva; resolviendo la ya aguda
crisis energética -con cortes de electricidad que en junio llegaron en
algunos barrios capitalinos a las 8-10 horas diarias- e imaginando pistas
para la creación de nuevos empleos, consigna que constituyó durante la
campaña una promesa electoral movilizadora.
Por otra parte, y en paralelo, numerosas energías deberán ser dirigidas
para implementar el nuevo concepto de participación ciudadana – los
Consejos- que tanta desconfianza crea entre los sectores medios y la
oposición político-social. Una pista participativa cuyo éxito o fracaso
dependerá, esencialmente, de la capacidad de la militancia sandinista para
comprenderla como una oportunidad y no como un privilegio verticalista y
autoritario.
No menos importante será también para el Gobierno dotarse de una pedagogía
de comunicación todavía ausente, que impacte en la gente, aclare las dudas,
movilice y entusiasme. En una sociedad donde no hay euforia y donde los
estragos de tres gobiernos neoliberales se perciben tanto en la vida
cotidiana como en la conciencia y en la débil organización de la gente.
Lejos están los años 80, su euforia participativa y la capacidad -casi
automática- de convocatoria del sandinismo en el poder. En una nueva era en
la cual el FSLN es “solamente” Gobierno.
*Sergio Ferrari, de regreso de Nicaragua.
Colaboración E-CHANGER y periódico ” Le Courrier”, Suiza