Erlin participó del movimiento de los ‘indignados’, el 15M hondureño que tuvo lugar en 2015 (Oposición Indignada), reclamando la renuncia del presidente y un comisión internacional contra la impunidad, y en la marcha de las antorchas, que transcurrió desde mayo a agosto 2015 para protestar contra el desfalco de unos 200 millones de dólares al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante cinco años por el partido golpista. Esta corrupción mermó los fondos de la Seguridad Social, afectando el suministro demedicinas e incluso provocandol varias muertes. Erlin pertenece al partido del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, Libre.
Erlin Mejía reside en Suecia desde 2017, a donde llegó gracias a la organización Oxfam. Desde que Erlin reside allá, tampoco ha cesado su activismo, y así, en plena crisis de los emigrantes hondureños y del resto de Centroamérica que intentaban llegar a los EEUU, también intercedió por sus paisanos para conseguir condiciones positivas para ellos y que Suecia se comprometiera a acogerlos.
Mejía denunció ser perseguido, pues en abril de 2015, tras una protesta, fueron seguidos por miembros de la inteligencia, sin poder disuadirlos.Ese año también, en julio, fue detenido durante otra protesta frente a la casa presidencial, por orden especial del Coronel René Cruz, jefe de la Guardia de Honor presidencial.
El acontecimiento más grave ocurrió el año después, en 2016, cuando el Tribunal Supremo Electoral autorizó al presidente Juan Orlando Hernández a volver a presentarse de candidato para las presidenciales del año siguiente. Esta decisión de permitir reelegir aal candidato golpista desencadenó una ola de protestas, que encontró la consabida represión militar y policial. En ese contexto, la hermana de Erlín Armando Mejía Andino es secuestrada el 4 de octubre de 2016. Después de casi dos días es liberada y encontrada. El acusado del crimen es Osman Amador y otras personas, por lo que es detenido y acusado de delitos de Violación Especial y Trata de Personas.
Mejía ha denunciado y acusado a Osman Amador de vínculos con la Asociación de Sordos de Honduras (ASH), organización que funciona como una red de trata de personas. (más sobre esta acusación en Revista de Frente). Pero además a vinculado a la cúpula política hondureña en esta red.
Mejía se siente perseguido por estas denuncias y su activismo político, y es de la opinión que el secuestro de su hermana fue una llamada de atención para él, y que el secuestro obedeció a su actividad. Por ello solicitó asilo, pero ya se lo han denegado en tres ocasiones desde diciembre de 2019, la última el pasado junio 2020. Todas ellas le fueron denegadas, por lo que Mejía debería ser deportado. Si no lo han hecho es por la pandemia del Covid 19, que ha resultado en el cierre del aeropuerto de Tegucigalpa.
Desde que Erlin reside en Suecia no ha cesado su activismo, y así, en plena crisis de los emigrantes hondureños y del resto de Centroamérica que intentaban llegar a los EEUU, también intercedió por sus paisanos para conseguir condiciones positivas para ellos.
En el 2019 solicitó asilo tras tres años residiendo en Suecia a donde llegó gracias a la organización Oxfam.
A Planeta y otras organizaciones creemos que las razones para Erlin Mejía para sentirse perseguido políticamente son más que obvias, por lo que tiene el derecho de slicitar asilo, y la Unión Europea, en ese caso, de dárselo. Por lo tanto reclamamos una revisión de su caso y que las autoridades actuen en consecuencia.
La violencia en Honduras para favorecer el extractivismo
Honduras es uno de los países en los que se ha disparado la represión y la violencia contra activistas y afectados por el modelo energético. El 28 de junio 2009 depusieron al democráticamente electo presidente Manuel Zelaya. Pese a que Coordinadora Nacional de Resistencia Popular exigía la derogación de las leyes de minería y agua potable, meses después del golpe, en agosto de 2009 el gobierno impuso una nueva Ley de Aguas que tenía como objetivo posibilitar la licitación a terceros de los recursos hídricos del país1 e igualmente, emitió el decreto 233 que deroga los decretos anteriores que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas naturales protegidas2.
Simultánea y apresuradamente, se inició el proceso de licitación para 48 proyectos de generación hidroeléctrica y otros 123 más pequeños. En junio de 2010 se aprobaron 40 solicitudes de generación hidroeléctrica a empresas privadas. La mayoría de estos proyectos tiene como objetivo abastecer de electricidad a laminería, pues de igual forma, en 2013 se aprobó una nueva Ley de Minería con la que se aprobaron 384 proyectos, se otorgaron 850 títulos mineros, y el gobierno delimitado 950 zonas de reserva minera.3
Por lo tanto, este golpe de estado tuvo una clara conexión con la energía, a su vez necesaria para desarrollar todos los proyectos mineros transnacionales, pero también para comercializarlos como MDL (Mecanismo de Desarrollo limpio), que gracias al enorme impulso de la hidroeléctrica, han convertido a Honduras en el mayor vendedor en Centroamérica de estos bonos de “energía limpia” avalados por el Protocolo de Kioto. Sólo en 2008 Honduras se embolsó 30 millones de lempiras (1 millón de euros) por la venta de bonos de “energía limpia” o MDL.
Al despojo de tierras y desplazamiento de comunidades para las hidroeléctricas, se le suma también la expansión de plantaciones privadas de palma africana de aceite, también para fines energéticos.Desde el golpe de estado de 2009 se aprecia también una escalada de la represión y sobre todo el asesinato de defensores del medio ambiente y de miembros del pueblo indígena lenca, pero tambiénde periodistas (17) convirtiéndose en el país más peligroso del mundo. La organización Global Witness contabilizó más de 120 ecologistas asesinados desde entonces en Honduras.
Global Witness denunció que “altos cargos políticos y élites empresariales” están ligados a esta violenta represión4. De todos los asesinatos de activistas acaecidos en Honduras, el 90 % resulta impune 5.
De ellos el más mediático fue el de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, junto al activista mexicano Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas) que resultó herido. Su muerte se debió a su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA. Pero como decimos, no fue la única víctima del COPINH.
Antes, el 4 de enero de 2015, fue asesinado Juan Francisco Martínez y arrojado al río Chinacla que defenidió, después de ser torturado y apuñalado. Los miembros del COPINH, Nelson García (15 marzo 2016) y Lesbia Yaneth Urquía (8-7-2016) fueron asesinados después, García de un disparo en la cara 6. Lesbia se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Aurora I en municipio de San José e impulsaba un proceso de consulta del gobierno de Honduras .
También del COPINH era Santos Alberto Domínguez Benítes, asesinado por la la Policía Nacional en mayo de 20127. En 2013 fue asesinado por el ejército Tomás García de camino a un bloqueo contra la presa de Agua Zarca. Y ese mismo año también fue asesinada Paula Gonzales. Igualmente l@s defensores del río Irene Meza y Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez y Maycol Ariel Rodríguez Gracía (15 años).
El 21 de enero de 2014 fue asesinado por mercenarios Justo Soto, de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) y opositor a la presa El Tigre, en el río Goascorán. Tres semanas después, el 16 de febrero, fue asesinado en la misma zona el coordinador del Consejo Indígena Las Minitas, Pedro Pérez. En 2015 Juan Francisco Martínez, activista contra la hidroeléctrica Los Encinos, en el río Chinacla8.
De igual forma fueron asesinados en 2015 en Santa Elena cinco miembros del Movimiento Indígena Independiente de la Paz-Honduras (MILPAH)9. Esta organización surgió precisamente en 2010 para defender a las comunidades lencas en el departamento de La Paz, sobre todo enfrentándose a la construcción de varias de las hidroeléctricas. Estas muertes son parte de un clima violencia e intimidación contra las comunidades rurales por oponerse a la imposición de proyectos energéticos y extractivistas como represas, minas, plantaciones, etc, en sus tierras. Estas muertes se corresponden además con una escalada de violencia general que supuso el saldo de 5.154 homicidios en 2016, y 5.148 en 201510.