Mientras que un tercio de la población mundial no logró todavía aplicarse ninguna vacuna, al menos 240 millones de dosis contra el COVID-19 fueron a parar a la basura.
Una de las causas principales de este derroche a gran escala reside en la fecha de vencimiento. Los sobrantes de dosis que no se utilizan en los países ricos y que se distribuyen entre las naciones empobrecidas muchas veces llegan a su destino casi sobre la fecha de vencimiento.
Realidad asombrosa que va de la mano de números escalofriantes: más de 240.000.000 de dosis en todo el mundo caducaron desde que a fines del 2020 se iniciaron las campañas de inmunización. Según diferentes fuentes, el 73% de estas pérdidas pertenece a vacunas Pfizer y el 18% a AstraZeneca.
Dicha cifra fue anticipada por Airfinity, influyente empresa inglesa que ofrece información y análisis sobre la salud mundial (https://www.airfinity.com/). Los datos sobre este desperdicio fueron publicados la última semana de abril en diversos medios, como Le Mondé en Francia, Le Courrier y La Liberté en Suiza, entre otros.
En Francia, por ejemplo, se han perdido un total de 218.000 dosis, todas ellas de AstraZeneca, que en su día se prohibió y luego se utilizó solo para un determinado grupo de edad.
Cuando se les preguntó a los responsables de la Oficina Federal de Salud de Suiza (Ministerio de Salud) cómo se habían empleado las 21.000.000 de dosis que este país había comprado, éstas aseguraron que se habían utilizado 15.700.000 y que no se había desechado ninguna. El resto podría continuar aplicándose, dependiendo de la eventual prolongación, en estudio, de las fechas de vencimiento.
Swissmedic, la agencia que controla la producción, distribución y venta de medicamentos en el país helvético autorizó extender a un año la validez de la vacuna Cormirnaty de Pfizer-Biontech, según informa el cotidiano suizo Le Courrier en su edición del 26 de abril. La misma fuente afirma que Moderna informó, en enero pasado, que el órgano de control de medicamentos había aprobado una prolongación de la validez de su vacuna de 7 a 9 meses.
Las autoridades suizas, sin embargo, aclararon que las cuotas de vacunas libradas a los cantones (provincias) no pueden ser devueltas a la Confederación. Es el caso de Argovia, que probablemente deberá desechar 50 mil de las dosis que recibió y no logró utilizar debido a errores estadísticos y de cálculo.
En cuanto a las dosis que adquirió en el mercado internacional pero que todavía no llegaron al país, Suiza las pone a disposición de Covax, programa creado por las Naciones Unidas para asegurar la distribución de vacunas a países de bajos o medianos recursos. Hasta ahora, unos 4 millones de dosis de Astrazeneca adquiridas por Suiza siguieron este camino.
Alianza Sur (Alliance Sud) plataforma de las principales organizaciones no gubernamentales helvéticas dedicadas al desarrollo, reiteró el último martes de abril su crítica hacia esas prácticas. Reitera que con sobrantes no se va a lograr, por ejemplo, la vacunación de África, que por el momento solo cuenta con un 15% de su población totalmente inmunizada. Critica al Gobierno suizo por contabilizar la donación de sus dosis excedentarias como “cooperación al desarrollo”. Y reitera la exigencia de numerosos sectores progresistas helvéticos para que el gobierno no se oponga –como sucedió hasta ahora–, a que las multinacionales productoras de vacunas autoricen liberar las patentes para que las vacunas anti-COVID-19 puedan producirse, libre y de forma descentralizada en diversos países, en particular del Sur.
El mecanismo de “exportación” de los excedentes, sin embargo, no siempre resulta apropiado. En diciembre del año pasado, por ejemplo, los beneficiarios de Covax rechazaron 100 millones de dosis ofrecidas por diversos países debido a que las mismas estaban a punto de caducar.
Según el cotidiano francés Le Monde, en octubre pasado Nigeria aceptó recibir 2.600.000 de dosis de AstraZeneca, incluidas 500.000 provenientes de Francia. Sin embargo, las mismas tenían una vida útil de 4 a 7 semanas y las autoridades locales sólo pudieron administrar 1.500.000. El resto se desechó en un vertedero al aire libre en abierto desafío a todas las normas sanitarias.
La nueva píldora y ganancias colosales
Al mismo tiempo que millones de vacunas terminan en basureros, las nuevas píldoras Plaxlovid para el COVID, producidas por el laboratorio Pfizer Inc. se perfilan como las nuevas vedettes en esta etapa de posible transición de pandemia a endemia.
La Agencia de Noticias Bloomberg, basándose en datos publicados por Airfinity, anticipó que la píldora de Pfizer se convertirá en uno de los tratamientos de mayor venta de todos los tiempos con ingresos potenciales cercanos a los 24.000 millones de dólares en 2022.
El gobierno norteamericano anunció el martes de esta semana que está duplicando — de 20.000 a 40.000– el número de lugares donde los estadounidenses en situación de riesgo médico pueden obtener gratis estas píldoras de Pfizer para el tratamiento del COVID-19. Según funcionarios sanitarios de ese país, este medicamento puede reducir significativamente el riesgo de hospitalización o muerte.
Las píldoras están disponibles en farmacias, centros de salud comunitarios, hospitales y centros médicos gubernamentales. La agencia estadounidense de alimentos y medicamentos, autorizó su uso para personas de alto riesgo mayores de 12 años.
No repetir la misma historia
Por su parte, el 22 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó firmemente el uso del Nirmatrelvir y el Ritonavir, comercializados con el nombre de Plaxlovid, en pacientes con formas leves y moderadas de COVID-19 pero con un riesgo elevado de ingreso hospitalario. Para la organización de las Naciones Unidas, rectora de la salud mundial, esta píldora constituye “la mejor opción terapéutica, hasta la fecha, en pacientes de alto riesgo”, es decir, no vacunados, ancianos o inmunodeprimidos.
La recomendación de la organización onusiana se basa en datos resultantes de dos investigaciones en las que participaron 3.078 pacientes: el riesgo de hospitalización se redujo en un 85%. La OMS también actualizó su recomendación sobre otro antirretroviral, el Remdesivir, para pacientes con formas leves o moderadas de la enfermedad y susceptibles de ser hospitalizados.
La OMS, sin embargo, se pronunció contra el uso del medicamento en pacientes de bajo riesgo, ya que observó que los beneficios que ofrece son insignificantes.
Ese mismo día, la OMS señaló que el uso de las nuevas píldoras para el COVID-19 podría complicarse en los países de ingresos bajos y medianos. Entre otras razones, debido a la desigualdad de disponibilidad, la falta de transparencia sobre los precios en los acuerdos bilaterales concertados por el productor y la necesidad de realizar pruebas rápidas y precisas antes de administrarse.
Uno de los obstáculos para los países pobres es que el medicamento solo puede ser usado en las etapas iniciales de la enfermedad, lo que obliga realizar pruebas rápidas y precisas previas para asegurar la eficacia del tratamiento. Debido a que la tasa media diaria de pruebas en los países de ingresos bajos es ochenta veces inferior a la de los países de ingresos altos, según la OMS, resulta imperativo mejorar el acceso a las pruebas y al diagnóstico temprano en los sitios de atención primaria de salud, como condición fundamental para la distribución mundial de este nuevo medicamento.
La OMS también expresó su preocupación– como ocurrió en el caso de las vacunas contra el COVID-19 — de que los países periféricos se vean relegados y sin posibilidad de acceder a la píldora de Pfizer.
La OMS afirmó que la falta de transparencia de la empresa productora dificulta que las organizaciones de salud pública tengan una idea precisa de la disponibilidad del medicamento y de los precios a pagar. Por lo tanto, “recomienda encarecidamente a Pfizer que mejore la transparencia de sus precios y acuerdos y que amplíe el alcance geográfico de su licencia con el Medicines Patent Pool”, para asegurar que más fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producirlo. Única forma de ponerlo rápidamente a disposición de los consumidores y a precios asequibles. El Medicines Patent Pool, organismo sostenido por las Naciones Unidas y con sede en Ginebra, tiene por objetivo asegurar la reducción de los precios de ciertos medicamentos específicos.
Aunque desplazado a segundo plano mediático por la crisis no resuelta entre Rusia y Ucrania, el COVID-19 sigue dando que hablar. Esta pandemia –aunque en una nueva fase por el momento decreciente–, sigue confrontando no solo al mundo médico-científico sino también a la sensibilidad social planetaria. La cual observa hoy, críticamente, el derroche de las vacunas en un mundo desigualmente inmunizado. Y mira con preocupación que la historia de injusticia se vuelva a repetir, pero ahora, con las nuevas píldoras que comienzan a dominar el mercado mundial.