En la víspera del 26 de junio, “Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señala que la impunidad, propicia que los agresores sigan cometiendo estos actos, penados y condenados, por la Constitución mexicana, y por el derecho
internacional.
En un comunicado de prensa, precisa que entre los grandes obstáculos para erradicar la impunidad en casos de tortura en México, se encuentra lo que califica como: “Indebida extensión del fuero militar sobre este delito, cuando es cometido por elementos militares”.
De acuerdo con el artículo 57 del Código de Justicia Militar, esta instancia es competente para conocer de cualquier delito del fuero común o federal, “incluyendo la tortura”, por el sólo hecho de ser cometida por un militar en activo, sin embargo esto es incompatible con las obligaciones internacionales de México en materia de debido proceso.
Un ejemplo de ello, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CoIDH), que el 23 de noviembre de 2009, ordenó en el caso Rosendo Radilla, la modificación del precepto referido, sin que a la fecha se conozcan los avances en el cumplimiento del resolutivo.
Esta impunidad con la que, amparados en su fuero, los militares violentan los Derechos Humanos de la población civil en México, afecta de manera particular a las mujeres, como lo ha denunciado reiteradamente la organización civil Tlachinollan.
La organización indígena afirma que la militarización del país con el pretexto de “detener el crimen organizado y el narcotráfico”; ha aumentado también la violencia sexual contra las mujeres.
Este hecho es una muestra de la crueldad y odio con la cual actúa el Ejército mexicano contra las mujeres. La violencia sexual es una de las expresiones máximas del patriarcado, donde el cuerpo de las mujeres se vuelve campo de batalla y botín de guerra, afirma la organización.
Ejemplos de tortura sexual de parte de las fuerzas policiales contra las mexicanas hay varios, uno de ellos ocurrió el 3 de mayo de 2006, cuando 47 mujeres fueron violentadas sexualmente en el pueblo de San Salvador Atenco durante un operativo policíaco que enfrentó a la población civil organizada, con más de 400 efectivos de la policía municipal, estatal y federal.
Todo se originó por un problema entre floricultores y autoridades municipales, que derivó en la organización del “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”, que en el Estado de México se opuso a la expropiación de sus tierras, que la administración Foxista quiso llevar a cabo, para construir un aeropuerto.
En 2002, Valentina Rosendo Cantú, e Inés Fernández Ortega indígenas me´phaa de Guerrero, fueron agredidas y violentadas sexualmente. Este año, el caso de Valentina es analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro caso es el de la señora Ernestina Ascencio Rosario, violentada sexualmente por militares en 2007, y el más claro ejemplo de impunidad en la materia, ya que el propio Felipe Calderón informó que la mujer indígena había muerto por “gastritis”.