Nubarrones preocupantes sobrevuelan los derechos humanos en Brasil. Diversas voces internacionales aumentaron en las últimas horas el tono de su crítica contra el Gobierno de Jair Bolsonaro. Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de personas privadas de libertad, con más de 750.000 detenida-os y cárceles superpobladas.
Experta-os del órgano de prevención de la tortura de las Naciones Unidas (ONU) luego de su visita al país sudamericano, señalaron que “Brasil debe cumplir con sus obligaciones internacionales y reforzar sus mecanismos nacionales de prevención de la tortura”. El comunicado de los especialistas fue difundido el 11 de febrero en la sede de la ONU en Ginebra (https://news.un.org/es/story/2022/02/1503982).
La preocupación principal de la-os especialistas es de tipo institucional. En junio de 2019, Jair Bolsonaro promulgó un Decreto Presidencial que, según la ONU, debilita gravemente el sistema de prevención de la tortura. En virtud del polémico Decreto, los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT), dejarían de ser remunerados y deberían trabajar de forma voluntaria. Además, el Gobierno decidió unilateralmente disminuir significativamente el apoyo profesional y a nivel de la secretaría de dicho mecanismo. Se espera en las próximas semanas una decisión del Supremo Tribunal Electoral que deberá decidir sobre la legalidad de dicho Decreto Presidencial número 9.831 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9831.htm ).
La experta de Líbano, Suzanne Jabbour, quien encabezó la misión realizada entre el 31 de enero y el 4 de febrero, instó a que “se abandone la decisión de desmantelar el mecanismo nacional de prevención de la tortura”. Pidió, también, “que Brasil respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y consolide sus recursos y esfuerzos para combatir la tortura”.
Integraron la misión, además, Juan Pablo Vegas de Perú, relator para Brasil y la experta noruega Nora Sveaass (https://news.un.org/pt/story/2022/01/1778152).Durante su visita a Brasilia la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT, por sus siglas en inglés), se reunió, entre otros, con la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, con diversos parlamentarios — incluidos los presidentes de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras–, con representantes del Supremo Tribunal Federal, con el fiscal general de la República y su adjunto encargado de los derechos de los ciudadanos.
La delegación fue recibida por el MNPCT, que es el organismo de vigilancia de la prevención de la tortura en el país. Y también por sus homólogos estaduales — cuatro Estados sobre 26 — en los que existe dicho mecanismo. La comitiva onusiana dialogó con representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la prevención de la tortura.
“Todas las altas autoridades con las que nos reunimos coincidieron en que es absolutamente esencial contar con un mecanismo de prevención independiente y que funcione bien, tanto a nivel federal, como estatal”, declaró Jabbour.
Brasil, como cada uno de los Estados Partes en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), están obligados a establecer mecanismos nacionales de prevención funcionales e independientes. Dichos organismos tienen como tarea realizar visitas periódicas a los lugares en los que hay personas privadas de libertad, como parte de los esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones de detención.
Otras condenas internacionales
Apenas tres semanas antes del pronunciamiento de dicha misión de la ONU en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos condenaron los recientes asesinatos de activistas ambientales y defensoras y defensores de la tierra en ese país sudamericano. Y exigieron al Estado la protección de “quienes defienden el medio ambiente y el territorio” y que realice investigaciones de manera pronta, exhaustiva e imparcial” (http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/017.asp).
El 9 de enero de 2022 fueron hallados los cuerpos de José Gomes, su esposa Marcia y su hija menor de edad, Joene en la región de São Félix do Xingu, Estado de Pará, en la Amazonia brasileña. Gomes y su familia eran conocidos por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental.
Un día antes, el 8 de enero, se conoció el atentado mortal del campesino José Francisco Lopes Rodrigues. Este defensor de la tierra se encontraba hospitalizado luego de ser víctima — junto con su nieta de diez años–, de una agresión armada en su domicilio de la comunidad de Cedro, en Arari, Estado de Maranhão, el pasado 3 de enero.
En su Informe de País de 2021(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf ) la CIDH había puesto el énfasis en la situación contextual de violencia en contra de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra en Brasil.
Desde que asumiera el presidente Bolsonaro, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales consideran a Brasil como uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa y protección del medio ambiente y de los derechos sociales.
El Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, avanza también críticas frontales al gobierno brasilero por violaciones de derechos humanos en varias áreas de su gestión. Entre ellas, por amenazar al “sistema democrático en Brasil al intentar mellar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”. También por su mala gestión de la pandemia del Covid-19 así como por su política a favor de la deforestación que sigue asolando a la selva tropical amazónica. “Los pueblos indígenas y otras comunidades que defienden la selva fueron blanco de amenazas y ataques”, sostiene el informe que reúne datos de relativos al año 2021 (https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380707 ). Dicho informe retoma la información suministrada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el cual contabiliza que agentes de policía provocaron la muerte de más de 6.400 personas en 2020, último año sobre el cual existen datos disponibles.