Desde 2018, son 46 mil 762 mujeres y niñas desaparecidas en todo el Perú, según el registro del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ellas representan el 63% del total de denuncias anuales por desaparición. Ante la constante falta de acción de las autoridades para encontrarlas, las familias y organizaciones de derechos humanos exhortaron al gobierno de Pedro Castillo a priorizar la búsqueda de las mujeres víctimas de desaparición.
En conferencia de prensa, Amnistía Internacional Perú (AI Perú) y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMP Flora Tristán) presentaron el informe ‘Perú: Las mujeres que nos faltan’, donde identifican las principales falencias del Estado para registrar las denuncias y desplegar la búsqueda de las víctimas. El estudio da recomendaciones a las autoridades para una adecuada atención de los casos y garantizar que las víctimas sean encontradas.
“A casi un año de lanzado el Sistema de Búsqueda, no vemos voluntad política en abordar y tratar de entender la magnitud de esta situación. Hemos recogido testimonios de familiares que enfrentan la indolencia de un sistema indiferente a que sus hijas, hermanas, madres, un día salgan de casa y no se sepa más de ellas, y que les niega, incluso, el derecho a interponer una denuncia de manera inmediata”, denunció Marina Navarro, directora de AI Perú.
Ese es el caso de la familia de Nelly Cerna, quien está desaparecida desde 2017 en La Libertad. “Mi mamá primero fue a la policía a poner la denuncia, pero no la aceptaron porque le dijeron que mi hermana se había ido con otra persona, y cómo podía sentar una denuncia al instante, si ella era mayor de edad. Le dijeron que seguramente se había ido con un amante”, testificó Alicia Cerna, hermana de Nelly.
La Policía es la principal barrera al momento de denunciar la desaparición de niñas y mujeres. Imagen: Informe ‘Las mujeres que nos faltan’.
Por su parte, Liz Meléndez, directora del CMP Flora Tristán, enfatizó que debe establecerse un “vínculo explícito en las políticas públicas de desaparición de las mujeres y la violencia de género”. “Cuando una mujer desaparece, el Estado tiene que activar todas las medidas y actuar promoviendo una búsqueda exhaustiva, asumiendo que hay un riesgo inminente de feminicidio ante una desaparición”, agregó.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2020, el 26% de víctimas de feminicidios fueron previamente reportadas como desaparecidas, por lo que las familias solicitan al Estado incorporar el agravante de desaparición al delito de feminicidio. Además, piden que el Estado reconozca la desaparición como una forma de violencia contra las mujeres, contar con un sistema interinstitucional para la búsqueda de desaparecidas y capacitar debidamente al personal involucrado.
Además de potenciar el sistema de geolocalización, también se exige completar la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para contar con los datos del total de mujeres y niñas encontrados, en qué estado fueron halladas y con qué posibles delitos estuvieron vinculadas sus desapariciones, ya que, en muchos casos, la desaparición también puede deberse a la captación de redes de trata de personas.
Anexo: Adóndevanlasdesaparecidas.org