Hace dos años, el 25 de agosto del 2019, la población de San Esteban Atatlahuca, en el estado de Oaxaca, que se rige por el sistema normativo indígena, eligió a Maribel Aida Velasco García como síndica municipal, pero desde entonces ha recibido amenazas de muerte por acompañar a las víctimas de la violencia en su comunidad.
Ante estas amenazas, el Cabildo municipal pidió a las autoridades estatales que protejan a la síndica, quien acompaña a víctimas de desplazamiento y familiares de personas asesinadas, crímenes que se cometieron en medio de un conflicto agrario que se agravó por la falta de atención del estado.
En conferencia de prensa este 9 de diciembre, el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios, expuso que desde 2019 existe un problema agrario en la comunidad, lo que ha provocado quema de casas, robo de ganado, cultivos y madera, bloqueos y hasta asesinatos, una violencia que desató amenazas contra las autoridades municipales que iniciaron funciones en enero de 2022.
El regidor municipal de Hacienda, Carlos Riaño Sandoval, explicó que algunos vecinos que no viven en el municipio encontraron un documento de 1949 que les sirvió para reclamar una parte de la tierra. El conflicto se trató de solucionar con mesas de trabajo, pero una parte de la comunidad exigió que Guerrero Grande se convirtiera en municipio autónomo, petición que fue rechazada por el Congreso local.
En medio de esta disputa, la síndica ha sido hostigada y amenazada de muerte y de privación de la libertad porque el Frente Indígena de Resistencia de Juxtlahuaca la señala a ella y al Cabildo de ser responsable de todos los hechos violentos que ocurren en las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán.
En octubre pasado la Guardia Nacional y Sedena entraron a este municipio, donde han ocurrido bloqueos, quema de casas y autos, y asesinatos. Cabe decir que se trata de la misma comunidad donde el pasado 27 de octubre fue vista por última vez la indígena mixteca que defiende los bosques, Irma Galindo Barrio, quien sigue sin ser localizada.
Desde que asumió el cargo, Maribel Velasco apoya a familias de la comunidad de Guerrero Grande que se encuentran desplazadas, sin vivienda y resguardadas en el albergue de la cabecera municipal, donde hay 59 familias con un total de 160 personas –según el presidente municipal–. Además, la síndica acompaña la denuncia de una mujer, cuyo hijo fue asesinado, en medio de este conflicto agrario que ha dividido a las comunidades.
Maribel Velasco, quien también es la primera mujer electa como síndica en este municipio, asesora a esposas, viudas y niñas en orfandad, quienes han logrado abrir alrededor de 20 o 25 carpetas de investigación, por crímenes en su contra. Con su ayuda, las familias consiguieron la liberación de dos órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de actos de violencia.
“Se me ha señalado, se me ha condenado, que es (soy) quien provoca todo este conflicto, pero es todo lo contrario. Es dar voz a muchas mujeres, muchas niñas, (testimonio) que no se tiene en estos conflictos, nos quedamos sin representación, fuera de todo lo que podamos hacer como mujeres”, expuso la síndica, quien además explicó que ella no crea denuncias sólo apoya a las víctimas.
La servidora pública lamentó que la violencia contra una autoridad electa sirva para desalentar a otras mujeres indígenas que han pensado en dedicarse a la política. “Las demás decimos: para sufrir lo que ella está sufriendo prefiero no entrarle, prefiero quedarme en mi casa y que los hombres sigan llevando las riendas”, dijo.
Desde septiembre de 2020 Maribel Velasco tiene medidas cautelares de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y el mes pasado por parte del Tribunal Estatal Electoral, debido a las amenazas de muerte por parte del Frente Indígena de Resistencia de Juxtlahuaca y cuatro personas. Sin embargo, las medidas no se han cumplido.
En conferencia de prensa, la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Angélica Ayala Ortiz, urgió a las autoridades en Oaxaca a garantizar la seguridad y los derechos políticos de la síndica municipal. La defensora aseguró que este es un caso que muestra lo que sucede cuando los conflictos comunitarios no son atendidos debidamente ni con una visión integral que incorpore la perspectiva de género.
Las autoridades locales pidieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y al Tribunal Electoral de Oaxaca que emitan y hagan cumplir medidas cautelares a favor de Velasco García. El llamado también se dirigió a la Secretaría de las Mujeres estatal y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que adopten medidas de protección urgentes.
“Desde siempre hemos condenado la violencia y apostado a la paz social. Sin embargo, por trabajar así nos han señalado de ser los provocadores de los últimos hechos violentos acontecidos en nuestra comunidad. Actualmente diversas organizaciones externas al municipio de San Esteban Atatlahuca quienes tienen diversos intereses”, dijo el alcalde Bautista Barrios.
“Condenamos enérgicamente, la intimidación, las amenazas que hemos recibido de parte de los dirigentes o pseudo líderes de este Frente Indígena de Resistencia de Juxtlahuaca y que el llamado también es que salgan de nuestro municipio”, agregó el regidor de Hacienda, Carlos Riaño Sandoval.
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