Para iniciar el debate del último eje temático, una panelistas brasileña afirmó que la comunicación “es una política pública, un derecho” y, en tal sentido, debe “ser garantizada por el Estado”. Este actor tiene un “papel central” en la gestión y el control de la misma. Asimismo, remarcó la importancia de las políticas públicas para “fortalecer a los actores sociales, garantizando el acceso, pluralidad, y diversidad de los medios”.
También solicitó “apropiarse” del término libertad de expresión, el cual suele ser utilizado por las empresas mediáticas para “cometer abusos”. En su opinión, “sólo mediante la regulación y la implementación de políticas públicas de comunicación, se puede hablar de libertad de expresión”. Sin ellas, “nos veríamos sometidos a las salvajes leyes del mercado”.
Una comunicación democrática implica entonces, “políticas públicas, producción, distribución y acceso”. En esta línea, la panelista consideró que la banda ancha “debe ser universal y pública”, puesto que es “fundamental para el desarrollo socioeconómico de Brasil”. Por ello, “hay que movilizarse contra el actual plan nacional promovido por el Gobierno, que tiene un sentido contrario al nuestro”.
Por otro lado, al referirse al caso argentino, manifestó que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se concretó gracias a tres condiciones: “la coyuntura de necesidad; la voluntad política de debate del Gobierno; y la participación y movilización social”. A su entender, en Brasil únicamente se cuenta con la primera, por lo que los movimientos sociales deben “actuar en conjunto” y cumplir con cuatro requisitos: “elaboración de una propuesta articulada, manifestaciones en la calle, presión y negociación con el Gobierno”.
La segunda panelista fue una argentina miembro de la “Coalición por una Radiodifusión Democrática”, movimiento compuesto por más de 300 organizaciones que promovió la sanción de la ley en ese país. Según sus palabras, el caso argentino es “emblemático e inspirador” y demostró que la democratización de la comunicación “es posible”.
Para comenzar, se preguntó: “¿Hasta dónde la normativa nos habilita a tener los medios que queremos, desarrollando un tipo de comunicación con otras miradas, valores y sentido de la inclusión?” Como estrategia de acción, la Coalición pensó temas “transversales” para sumar la adhesión de la mayor cantidad de gente posible. La elaboración de los “21 puntos” fue el primer gran “acuerdo de convergencia”. Luego, se realizaron talleres por todo el país para ampliar la propuesta, hasta que se logró la reunión con la Presienta, quien se comprometió a enviarla al Congreso. Tras grandes movilizaciones sociales en 2009 se sancionó.
La argentina consideró que la ley es el “máximo punto de encuentro entre los sectores populares y el poder político”, un marco regulatorio que “habilita y protege la voz pública”. No obstante, aclaró que a partir de su concreción “hay que reimplementar la lucha” ya que todavía quedan cuestiones pendientes para lograr una plena democratización. Por ejemplo, la aplicabilidad; el desarrollo de la televisión digital terrestre; y el monopolio de Papel Prensa, empresa que domina la distribución de la materia prima de los diarios.
Para cerrar instó a “seguir trabajando y a no bajar los brazos”, y destacó la favorable coyuntura de América Latina: “Nos estamos repensando, recuperando nuestra identidad. Queremos depender menos de Estados Unidos y Europa; y lograr una mayor autonomía y reconocimiento de nuestra ciudadanía latinoamericana”.
III Foro de Medios Libres – El debate giró en torno a distintos ejes temáticos: “Medios libres y derecho a la comunicación”, “Medios libres, apropiación tecnológica y redes”, “Protocolo para las redes sociales”, y “Medios libres y políticas públicas”. Se realizó bajo la modalidad de “desconferencias”, en las que un panel enunciaba “disparadores” y luego, los asistentes aportaban sus puntos de vistas y propuestas.