El pueblo de Argentina celebra este 10 de octubre los primeros tres años de la promulgación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Esta ley sigue la orientación de normas sinónimas que se han promulgado en otros países del mundo, que reconocen y establecen tres tipos de prestadores de servicios en materia comunicación: 1) comerciales (con fines lucrativos de individuos o empresas); 2) públicos (pertenecientes a los Estados, municipalidades, provincias y entidades públicas nacionales, como universidades, instituciones oficiales autónomas y pueblos originarios); y 3) los sin fines de lucro (gestionados por asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y sindicatos, entre otros sectores).
A pesar de las mil maniobras jurídicas y presiones políticas que ha venido desarrollando el Grupo Clarín, principal poder mediático, se registran algunos logros importantes en el marco de la democratización de las comunicaciones en Argentina. Para El Salvador y para toda América Latina esta ley de comunicación ha significado mucho, sobre todo porque ha venido a demostrar que cuando existe voluntad política para cambiar las cosas que no marchan bien, se deben de asumir todos los riegos –políticos y económicos- necesarios para transformar y modificar las leyes que no permiten que la ciudadanía goce plenamente de sus derechos.
En nuestro país, todavía la comunicación es un privilegio que solamente disfrutan los pocos oligopolios de la comunicación. La comunicación se sigue viendo como una mercancía, no como un derecho humano que debemos disfrutar todas y todos los salvadoreños.
En Argentina, el Grupo Clarín, según datos oficiales, es dueño de más de 240 frecuencias que se reparten entre sistemas de cable, radios en FM y AM, y canales de televisión abierta. En El Salvador, los oligopolios de la comunicación son dueños de casi la totalidad del Espectro Radioeléctrico (recurso natural, de carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía).
Asumir que la comunicación es un de derecho de todas las personas, y que todos y todas tenemos derecho a expresarnos con libertad y que la comunicación no debe ser un negocio comercial de unos pocos, no es fácil. Ciertamente, esta nueva forma de ver la comunicación tiene que ser asumida por la ciudadanía salvadoreña, para que ésta exija a los funcionarios/as que sean congruentes con el principio de la supremacía de los derechos humanos sobre el mercado; una tarea compleja ya que en país – por norma – siempre se ha privilegiado a los mercaderes de la comunicación.
Quizás ello explique la postura del Presidente Mauricio Funes y de sus funcionarios vinculados a las comunicaciones, que le apuestan únicamente a una legislación que desarrolle los medios públicos, tan marginados en las administraciones anteriores. Esta apuesta es importante pero insuficiente, por cuanto no enfrenta de forma directa los problemas estructurales que impiden el pleno ejercicio de la comunicación como un derecho humano; entiéndase por tales problemas, la concentración, la consolidación de los oligopolios, la ausencia de espacios de respuesta y réplica, entre otros.
Esta realidad nos debe preocupar mucho a todos y todas las salvadoreñas, pues la digitalización de las frecuencias de radio y televisión –que está a la vuelta de la esquina- vendría a fortalecer más a los oligopolios de comunicación y no nos permitirá abrir la puerta que nos lleve a democratización de las comunicaciones, donde puedan convivir medios públicos, comerciales y sin los fines de lucro.