Palestina ocupada, junio 2011 – Mientras que la primavera árabe por la libertad, la democracia y la justicia social ha puesto de manifiesto y ha desafiado a la complicidad de los gobiernos del mundo con los regímenes árabes autocráticos y opresivos, muchos estados y empresas continúan con sus negocios como de costumbre en el comercio de armas y la cooperación militar con Israel. La cooperación con Israel se mantiene a pesar de su recurso sistemático a la violencia masiva en contra y el asesinato de civiles palestinos y árabes, incluyendo a los niños de la escuela y los activistas pacíficos y, a pesar de su política colonial cada vez más brutal contra el pueblo palestino y de su desprecio persistente del Derecho Internacional. Siete años después que la opinión consultiva de La Corte Internacional de Justicia ha recomendado aplicar un esfuerzo colectivo internacional para
asegurar que Israel desmantele su Muro ilegal en el territorio ocupado de Cisjordania, y en el sexto aniversario del llamado de la sociedad civil palestina de una amplia campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel hasta que respete el Derecho Internacional, el Comité Nacional Palestino por el BDS (BNC) exige una acción internacional inmediata de embargo militar obligatorio y completo contra Israel similar al impuesto en contra del apartheid que se dio en
Sudáfrica en el pasado.
Desde sus inicios violentos a través de la limpieza étnica bien planificada de Palestina más de 60 años atrás, Israel ha causado interminablemente: muerte, heridas, desplazamiento forzado, despojo y
destrucción sobre millones de palestinos y otros árabes de los países vecinos.
Israel utiliza la fuerza militar para mantener un régimen ilegal de ocupación, colonialismo y
apartheid, que se ha impuesto con el fin de controlar el máximo de tierra con el mínimo posible de
palestinos nativos y para impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación. Israel ha violado reiteradamente el derecho internacional provocando o iniciando
conflictos armados destinados a la expansión territorial a través de la anexión de territorios
ocupados, lo que en el caso de los Altos del Golán ha sido calificado como un acto de agresión por parte de la Asamblea General de la ONU.
El intento de Israel de justificar este tipo de uso ilegal de la fuerza militar beligerante como “defensa propia” no se sostiene ante una investigación legal – o moral -, ya que los Estados no pueden invocar
la legítima defensa ante actos que sirven para defender una situación ilegal que ellos han creado en el primer lugar.
Israel tiene una larga historia documentada de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos durante los conflictos armados, incluyendo las operaciones militares,
invasiones y ocupaciones de territorios palestinos y árabes a través de, entre otros, el uso excesivo e
indiscriminado de la fuerza y ataques deliberados contra personas civiles y infraestructura. Esto ha
dado lugar, repetidamente, a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Además, Israel, en colaboración con institutos de investigación, está aprovechándose de los
conflictos armados y ataques militares para “probar sobre el terreno” las armas y las doctrinas de la
guerra usándolas contra los civiles palestinos y libaneses. Israel proporciona así una ventaja
comparativa a su industria militar en el mercado mundial, en la búsqueda de los beneficios
necesarios para mantener la ocupación, el colonialismo y el apartheid.
Los Estados y las organizaciones interestatales, como las Naciones Unidas, tienen la obligación legal de garantizar que Israel cumpla con el derecho internacional, pero han fracasado en hacerlo. La impunidad envalentona a Israel, mientras que sus relaciones comerciales internacionales militares financian y facilitan su violencia continua, su militarismo y expansionismo.
A pesar de las pruebas irrefutables y abundantes en las resoluciones de las Naciones Unidas y los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos del uso ilegal de Israel de la fuerza y las armas en la agresión y la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra – incluidos los castigos colectivos – y graves abusos contra los derechos humanos, los gobiernos
extranjeros, organismos multilaterales y las empresas siguen cooperando con el ejército y la industria militar de Israel, y están aumentando sus inversiones o apoyo a investigación y desarrollo israelí
relacionado con el campo militar, mucho del cual se lleva a cabo en colaboración con las universidades israelíes. Estos gobiernos, organismos multilaterales y empresas se benefician de forma consciente del uso ilegal de Israel de la fuerza y, por tanto, son cómplices de este.
Muchos gobiernos del mundo, así como la ONU, siguen en silencio frente al enorme arsenal israelí de armas nucleares, considerado por la sociedad civil internacional como una de las más graves amenazas a la paz mundial. De hecho, varios gobiernos occidentales han sido o son cómplices directos de la creación, del desarrollo y despliegue de la amenaza tremenda nuclear de Israel.
Un embargo militar integral contra Israel urge hace mucho tiempo. Constituye un paso crucial hacia el fin del uso ilegal y criminal de Israel de la fuerza contra el pueblo palestino y otros pueblos y estados de la región y constituye una medida eficaz y no violenta para presionar a Israel para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional:
1. Poner fin a su ocupación y colonización de todas las tierras árabes (1967) y el desmantelamiento
del Muro;
2. Reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-palestinos de Israel a la
igualdad plena y
3. Respetar, proteger y promover los derechos de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y
propiedades tal como se estipula en la Resolución 194 de la ONU.
A la luz de lo anterior, el Comité Nacional Palestino para el Boicot, Desinversión y Sanciones (BNC), la mayor coalición de organizaciones palestinas de la sociedad civil, exhorta a todas las personas de conciencia, movimientos y organizaciones de todo el mundo que apoyen este llamamiento palestino por un embargo militar obligatorio y completo contra Israel y que presionen a los gobiernos, organismos multilaterales y las Naciones Unidas, así como empresas públicas y privadas e instituciones para que:
1) se ponga fin inmediatamente a cualquier provisión a Israel de armas y material relacionado de todo tipo, incluyendo la venta o transferencia de armas y municiones, vehículos y equipos militares, equipos paramilitares de la policía, incluyendo equipos de doble uso, y las piezas de repuesto para lo citado antes, y se deje también de provisionar todo tipo de equipos suministros, y la concesión de licencias para la fabricación de lo citado antes o el mantenimiento de éstos;
2) se detenga todas las importaciones militares y de doble uso (equipos, asistencia y municiones) de Israel;
3) se detenga la transferencia de productos militares de y hacia Israel a través de los puertos nacionales, el territorio y espacio aéreo;
4) se deje de cooperar con el ejército, las compañías militares y los proyectos de investigación y desarrollo relacionados al campo militar israelíes, incluyendo las empresas mixtas (ya sea bilateral o multilateral);
5) se detengan todos los entrenamientos relacionados con el campo militar y las consultorías con el ejército, las empresas militares y instituciones académicas de investigación israelíes;
6) se ponga fin a toda la ayuda militar a Israel;
7) se abstengan de toda cooperación con Israel en la fabricación y desarrollo de armas nucleares y se movilicen por un Oriente Medio sin armas nucleares;
Nota: Para las referencias y antecedentes ver: “El caso de un embargo general militar en Israel – un documento de trabajo”, BNC – BDS palestino Comité Nacional, Julio 2011