Los jueces que suspenden las vacaciones para impedir a otro juez en actividad de votar de acuerdo con su conciencia es algo inédito en Brasil. Pero el ineditismo ha sido la marca de la situación del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, preso desde hace tres meses en la Superintendencia de la Policía Federal, en la ciudad de Curitiba.
Acusado por los grandes medios brasileños y condenado sin presentación de pruebas que lo incriminaran, es el candidato que la mayoría del pueblo brasileño quiere ver compitiendo a las elecciones presidenciales programadas para noviembre. Si estas ocurren hoy, Lula sería elegido en la primera vuelta. Y es por eso que sigue preso.
El saldo de la guerra jurídica de hoy y de las decisiones que fueron tomadas por jueces sacudidos en su descanso sólo será percibido durante la semana o el tiempo mayor. Pero no hay más que ocultar que el Poder Judicial, en ese proceso, ejerce un papel político, tolerando que el juez se convierta en acusador.
Brasil ve el proceso involucrando al ex presidente Lula como un duelo trabado con él por el juez Sérgio Moro, jefe de la Operación Lavajato, que llevó a la condena de Lula. Lo que aún no quedó bastante claro a la población es que el papel del juez es de juzgar y no de perseguir.
El domingo, la persecución fue estrenada. Sergio Moro estaba de vacaciones en Portugal sin más vínculos con el proceso actual de Lula cuando el juez Roger Favreto, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, en Porto Alegre, concedió un habeas corpus al ex presidente. Sin los pudores de un magistrado de primera instancia, Moro ligó y orientó a agentes de la Policía Federal a incumplir el orden de soltura venido de Favreto, juez de segunda instancia, superior a la suya, por lo tanto.
En su intromisión por el desembargador Favreto, que reiteró el orden de liberación del ex presidente, Moro fue socorrido por otros magistrados, que también estaban de descanso, y que al final de un día de guerra judicial, optar por desacatar las posiciones del colega Rogério Favreto – el único en ese día con la atribución de decidir.
Lo que ocurrió con el Poder Judicial brasileño este domingo fue una confesión a un lado, con la demostración de un colusión desesperada para mantener el golpe aplicado en Brasil en 2016. Porque la liberación de Lula significaría eso: interrumpir un proceso de asalto al país que comenzó con el complot para el derribo de Rousseff.
En aquella ocasión, el audio huido de una conversación entre los articuladores del golpe detallaba cómo éste sería: por medio de un gran acuerdo con el Poder Judicial – además de los medios y el Legislativo. La historia de estos tiempos en Brasil no conseguirá librarse de las palabras grabadas sobre el golpe que estaría combinado “con el Tribunal Supremo, con todo”.