Honduras Contra El Golpe – El Gobierno de facto de Honduras, presidido por Roberto Micheletti, suspendió este domingo, por un periodo de 45 días, las garantías constitucionales en el país, según un decreto que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
La orden supone un estado de sitio, régimen de excepción que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales.
Si hay un medio que está incitando al odio es un deber ponerle un alto El decreto ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que “ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley” y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.
“No se trata de coartar la libertad de expresión, sino que si hay un medio que está incitando al odio y la violencia es un deber ponerle un alto”, señaló a Reuters el ministro del Interior de facto, Oscar Matute.
La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada este sábado, en La Gaceta oficial, confirmó a Efe una fuente del Gobierno.
“Perturbación grave de la paz”
La medida se tomó, según el decreto, con el fin de “mantener la paz y la seguridad interior” del país ante la “perturbación grave de la paz” ocasionada por incidentes ocurridos después de que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, regresó al país tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.
Será detenida toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido por el toque de queda El decreto establece que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, “a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones”, indica el decreto.
Ordena asimismo la detención de “toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes” y “aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos”.
“Toda persona detenida deberá permanecer recluida en los centros de detención legalmente establecidos”, agrega.
“Una barbaridad”
En declaraciones a Radio Globo, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, indicó que el decreto es “una barbaridad que indigna, que molesta”.
Zelaya hizo un llamamiento al Parlamento para que lo suspenda y que sus diputados “escuchen el diálogo” que él ha propuesto para resolver la crisis política que vive Honduras desde el 28 de junio pasado, día del golpe de Estado.
