Tres días de intensos debates. Ideas que iban y venían de cómo aportar -desde los movimientos sociales- soluciones para la realidad migratoria global. Una apuesta: la “ciudadanía universal” y una política migratoria “justa” que sea asumida desde los Estados y que recuerde el derecho que tienen las personas a movilizarse libremente.
Así se desprende de las conclusiones de la última jornada (el pasado sábado) del II Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que tuvo lugar en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, y que finalizó con la Asamblea de Movimientos Sociales, formada por más de 800 organizaciones provenientes de 84 países.
“Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los Derechos Humanos; éstos son patrimonio común de la humanidad y se debe asegurar su interdependencia, integralidad y universalidad”, asegura el documento final de la Asamblea, denominado Declaración de Rivas.
Convencidos de que “otro mundo es posible, necesario y urgente”, los asistentes al Foro acordaron dar continuidad a las acciones acordadas en la Asamblea, entre ellas la de realizar una movilización mundial anual, así como preparar la próxima reunión del FSMM en Nairobi .
Justicia para África
Durante la clausura del evento, la presidenta del Foro Social de África de 2006 y ex ministra de Cultura malí, Aminata Traore, hizo una “petición de justicia” para quienes llegan al continente europeo desde África.
“Lo que estos ‘invasores’ africanos necesitan es justicia”, reivindicó Traore en un discurso cargado de indignación y recordó que los miembros de la Unión Europea (UE) exigen a los países del continente negro políticas al servicio de sus intereses. Aludió a su responsabilidad en la “destrucción” de su tejido social.
“Hay que comprender la situación de la que parten las personas que llegan por el desierto a Ceuta y Melilla. Se está explicando la inmigración africana en términos de pobreza”, dijo Traore, quien estuvo acompañada por Demetrio Valentini, presidente de la Comisión Pastoral de los Migrantes de la Conferencia Episcopal Brasileña, por el alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa, Ignacio Díaz de Aguilar y por Enrique Santiago, presidente y secretario general de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).
La militante africana acusó a los gobiernos europeos de negarse a realizar un diagnóstico de las relaciones económicas que se establecen con el continente africano. “Estamos profundamente impactados por la mala voluntad política de Europa y la estigmatización que está haciendo de los africanos. Los criminales no vienen aquí, están en los hoteles de lujo de nuestros países”, manifestó.
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El foro, que mantuvo como premisa que el desarrollo global debe ser asumido por los Estados y organismos multilaterales con la participación de la ciudadanía, exigió a las grandes instituciones sociales garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, más allá de su situación administrativa y en todas las etapas de los procesos migratorios.
El secretario general de CEAR, Enrique Santiago, consideró como “necesario” que las conclusiones de la Declaración de Rivas sean puestas en práctica, pues “lo que no puede ser es que se haga un foro, se hagan conclusiones y luego no sirva para nada”.
Exigen, por ejemplo, la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, del Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las y los trabajadores migrantes y el Convenio 49 contra el Tráfico de Seres Humanos.
Santiago recalcó “el contexto de una globalización neoliberal que expulsa a las personas de sus países” y que, en su opinión, las políticas migratorias no pueden estar al margen de los derechos humanos. “No es una cuestión ética, es un compromiso”, dijo en alusión a los convenios ratificados por España.