Foto: Periódicos antiguos a la venta en el mercado histórico de libros al-Azbakeya de El Cairo, en el centro de El Cairo, el 16 de enero de 2019 [Mohamed El-Shahed/ AFP/ Getty Images]
Según la página web del parlamento, “la Cámara de Representantes finalmente aprobó varios proyectos de ley importantes … incluido el proyecto de ley que regula el trabajo de la sociedad civil”.
El presidente Abdel Fattah Al-Sisi dijo en noviembre que la ley, que incluye severas sanciones y restricciones, debe ser más equilibrada. Sin embargo, la nueva ley todavía prohíbe a las organizaciones extranjeras utilizar su sede para “actividades no autorizadas”. También se impide que las ONG transfieran o reciban fondos de personas o entidades, excepto aquellas previamente divulgadas, sin la aprobación oficial.
Las nuevas enmiendas han eliminado la posible sanción a una pena de cárcel para los funcionarios que se considera que infringen la ley. En cambio, según Reuters, se impondrán multas de entre 200.000 y un millón de libras egipcias (12.070- 60.350 dólares).
La semana pasada, diez grupos de derechos egipcios, incluido el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, rechazaron las enmiendas porque aún son demasiado restrictivas. “La mayoría de los cambios en el proyecto de ley de las ONG son engañosos y superficiales”, dijeron los grupos. Instaron a la comunidad internacional a intervenir.
Amnistía Internacional criticó la ley: “A pesar de que el gobierno egipcio afirme lo contrario, un nuevo proyecto de ley de ONG aprobado ayer [lunes] por el parlamento conserva la esencia represiva de la ley de 2017.” La organización señaló que esta ley está “actualmente en vigor y ayudaría a perpetuar la devastadora represión contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones independientes de la sociedad civil”.
Amnistía pidió a Al-Sisi que lo rechazara. “Al-Sisi debería rechazar el proyecto de ley y ordenar que se modifique para que se ajuste a la legislación y los estándares internacionales de los derechos humanos”.