: Comunicado #NiunaMenos: “Encontraron muerta a Micaela: el Estado es responsable de cada femicidio”
HOY: duelo colectivo. Nos juntamos a las 20 en el Obelisco y el lunes en Tribunales.
Encontraron muerta a Micaela. Estamos de duelo, tenemos bronca, furia y decepción por un Estado impotente y cifras escalofriantes: cada 18 horas ocurre un femicidio en nuestro país.
El presunto femicida de Micaela es Sebastián Wagner, un ex convicto por dos violaciones, que indicó dónde estaba el cuerpo. A pesar de que su condena era de nueve años, desde julio del año pasado estaba en libertad condicional, un derecho al que pueden acceder los y las detenidas y que otorga el juez de ejecución de la pena, a partir de distintos criterios. En casos como el de los detenidos por delitos de agresión sexual u otro tipo de violencia de género, debemos señalar que lo importante es el proceso desde que el detenido ingresa al servicio, ¿qué políticas de atención lleva el Estado al interior de los servicios penitenciarios para que las personas detenidas no reincidan?, ¿qué políticas postpenitenciarias se hacen de prevención de la violencia de género?
En el caso de Wagner había un informe negativo del servicio penitenciario en el que cumplió la condena privado de la libertad: si para el juez un informe del servicio no es confiable como para no tenerlo en cuenta -y conocemos los manejos extorsivos que hace el servicio con los certificados de buena conducta-, ¿qué medida dispuso el juez Rossi para tener un informe confiable para otorgar su libertad?, ¿pidió un peritaje psicológico propio? Aunque sea una decisión que debe tomar el juez, en vistas de este escenario, es necesario que haga transparentes sus criterios. De lo contrario estaremos ante un episodio más en el que el impacto que tiene la violencia de género y las agresiones sexuales para nuestras vidas son menospreciados por la justicia.
El primer mensaje de la titular del Consejo Nacional de las Mujeres luego de que se conociera el hallazgo del cuerpo de Micaela fue distribuir responsabilidades lo más alejadas posibles a su esfera de acción: hay dos culpables, dijo, quien la mató y el juez que permitió la salida anticipada. Más allá de la evaluación sobre la pertinencia de la libertad adelantada por el Juez nos cabe preguntar ¿Qué políticas de prevención de violencia de género realiza el CNM?, ¿alguna en los servicios penitenciarios?, ¿por qué desde el Gobierno se debilita cada vez más al Programa Nacional de Educación Sexual Integral? El mismo Gobierno que pretendió quitarle 67 millones de pesos del presupuesto al CNM, y tuvo que restituirlos frente a la reacción y la denuncia de organizaciones de la sociedad civil y el periodismo comprometido.
Los detenidos por delitos como los cometidos por Wagner tienen una condena que puede promediar los diez años, de acuerdo a cada caso. Una vez cumplida la pena se reintegran a la sociedad, ¿cumplen con algún tratamiento adentro? El mecanismo más utilizado por el servicio penitenciario es recluir a los agresores sexuales en los pabellones de la comunidad evangélica en la intuición de que una moral sexual encauzará sus conductas posteriores; otro es encerrarlos con quienes el servicio identifica como “homosexuales”. Esto parece ser todo lo que el servicio hace, ¿de qué manera el Estado los restituye a la sociedad? Ni más cárcel ni más penas ni más castigos son respuestas a nada. La violencia contra las mujeres, lesbianas y travestis no se resuelve con el Código Penal -una herramienta que comienza actuar una vez que las violencias ya se imprimieron en nuestros cuerpos-, necesitamos políticas integrales de prevención para un problema complejo y un Estado que deje de ser cómplice y asuma un compromiso real. Ni una menos. Vivas nos queremos.