El 27 de octubre el gobierno del Estado de Tocantins decidió desalojar a la fuerza una escuela que estaba ocupada por alumnos que protestaban contra contra los proyectos en trámite en el Congreso Nacional y las medidas anunciadas por el gobierno de Temer para la educación. A pedido del promotor de Justicia de Miracema, Vilmar Ferreira de Oliveira, policías del estado entraron en la Escuela D. Filomena Moreira de Paula, esposaron y llevaron a 26 estudiantes para la delegación local.
Entre los detenidos, 11 menores de edad
La imagen de los jóvenes manifestantes esposados no deja duda sobre los recursos que el actual gobierno pretende usar para imponer las políticas que encuentran resistencia popular, después del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, a fines de agosto al final de un vergonzoso proceso de impeachment. En el fondo del pozo, el país asiste perplejo a la conducción de niños y jóvenes en las camionetas de la policía.
Los estudiantes resisten a una Reforma de la Enseñanza Media, elaborada sin diálogo con la comunidad escolar o la sociedad, y la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 241, que limita el techo de los gastos públicos.La Reforma flexibiliza el currículum y prioriza la enseñanza técnica en detrimento de formaciones para el desenvolvimiento integral, como artes, educación física, filosofía, y con la retirada de la enseñanza del español, idioma hablado por los vecinos de América Latina.Ya la PEC 241 congelará las inversiones del país en las áreas sociales por los próximos 20 años. Eso mismo: 20 años.
Los alumnos de la Escuela D. Filomena Moreira de Paula y de la Universidad Federal do Tocantins (UFT) son apenas un pequeño grupo cerca de las más de mil escuelas ocupadas en el país, en números que crecen cada día. Y los casos de uso de la fuerza policial comienzan a replicarse. El día 18, la Guardia Municipal de Campinas, en el interior del Estado de São Paulo, detuvo a un grupo de jóvenes que se manifestaban contra la reforma de la enseñanza. Llevaron a los alumnos en camionetas policiales. Una madre la pasó mal en la delegación, donde el grupo fue traído de las orejas. Entre ellos, seis menores de edad.
En Campinas, estudiantes en camionetas de la policía
La represión policial puede amedrentar a los jóvenes y preocupar a los padres de los alumnos, pero sólo tiende a aumentar más la presión de la caldera de protestas sociales luego del impeachment. Movimientos sociales y sindicales están preparando la huelga general prevista para el 11 de noviembre, en tanto que el Congreso responsable de la aprobación del impeachment se apura para aprobar medidas que comprometen el bienestar social orientado por la Constitución Federal.
Otras medidas fueron tomadas por el gobierno para acusar a los estudiantes, forzando un clima de delación y amenaza de castigo.
Un oficio enviado por el MEC (Ministerio de Educación) a los dirigentes de institutos federales el día 19 pedía que las unidades informasen a la Secretaría de Educación Profesional y Tecnológica (Setec) sobre las
ocupaciones ocurridas en algunas de sus unidades y que identificasen a sus ocupantes.
“Solicito manifestación formal acerca de la existencia de la eventual ocupación de los espacios físicos de las instituciones bajo responsabilidad de Vuestras Señorías, procediendo, si fuera el caso, a la respectiva identificación de los ocupantes, en el plazo de 5 días”, decía el texto. Los directores, en tanto, se rehusaron a hacer delaciones. En el caso de Tocantins, fue la Secretaría de Educación quien acionou a las autoridades y a la 3ª Promotora de Justicia de la Infancia y Juventud, que pedía la desocupación.
Los estudiantes exigen la apertura del diálogo sobre la reforma y el rechazo a la PEC 241. Hasta el momento, la relación entre padres, alumnos y la mayoría de los profesores es de apoyo al movimiento estudiantil.